El fiscal Guillermo Marijuán, apenas conocido el escándalo por la vacunación vip, denunció al exministro de Salud, Ginés González García y al periodista Horacio Verbitsky. Entre los pedidos de prueba, solicitó información del reparto de la Sputnik V. La denuncia fue cursada a la Cámara Federal y será sorteada este lunes.

Marijuan reclamó que las provincias informen a quiénes están suministrando la Sputnik V como personal esencial. “Se trata de un acto de inusitada gravedad institucional porque no sólo se está incumpliendo con los deberes de funcionario público, sino que se está impidiendo que una persona considerada de mayor riesgo y que necesita vacunarse pueda hacerlo”, afirmó el magistrado en los considerandos de la denuncia a la que tuvo acceso Data Clave.

Marijuan consideró que implica “una clara manipulación por parte de los funcionarios responsables de la aplicación de la vacuna”. La denuncia apunta contra los funcionarios que saltaron “los alcances de las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo aplicaron las mismas sobre personas que no se encontraban en las listas de prioritarios, sin ningún tipo de justificación”.

El fiscal criticó duramente la actitud del funcionario: “Me hace recordar a los peores momentos de la Argentina, como fue en el año 2001, cuando se dispuso un Plan de Jefas y Jefes de Hogares Desocupados, que era una ayuda económica para personas en estado de suma pobreza, y decenas de miles de planes quedaron en manos de punteros políticos”.

"Resulta difícil comprender cómo desde una posición de poder y de influencia política, se avasallan todas las normas en pos de un beneficio personal que no hace más que mostrar la bajeza y la catadura moral inexistente de los que intervienen en estos suceso", dijo Marijuan en el escrito.

La denuncia pide que se investiguen los hechos de público conocimiento y solicita que se investigue “la presunta comisión de delitos de acción pública” por parte de Gines González García y Horacio Verbitsky. Pero además, deja la puerta abierta para que posteriormente se pueda “identificar a otras personas” que también estuvieran involucradas en este hecho.

El presunto delito tipificado en el artículo 248 del Código Penal tiene una pena de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por doble tiempo para “el funcionario público que dicte resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales”.