A 46 años del golpe de Estado, en Argentina se dictaron 273 sentencias en juicios por delitos de lesa humanidad. Allí, se condenaron a 1058 como responsables y 165 personas resultaron absueltas. Todo este proceso se dio tras la reapertura de las causas en 2006, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final en 2006.

Sin embargo, y a pesar de los avances que ha tenido el país con respecto al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, durante los últimos ocho años el ritmo de los juicios se ha desacelerado, lo cual hace peligrar el juzgamiento a los responsables.

De acuerdo a los datos que brindó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que hace este relevamiento desde hace años, hay 275 causas en etapa de instrucción (o sea, en proceso de investigación) y 65 causas que aún no tienen fecha de juicio. Mientras tanto, se están realizando en el país 20 debates orales.

Otro de los aspectos que ha sido cuestionado tiene que ver con la situación en la que se encuentran las personas detenidas. Organismos de derechos humanos sostienen que desde hace años la regla es que los jueces dispongan prisiones domiciliarias. En el informe de la procuraduría especializada se explica que hay 1532 personas vinculadas con las causas que están en libertad mientras unas 764 están detenidas.

Dentro de ese universo de detenciones, las prisiones domiciliarias son mayoría: 579 están bajo esa modalidad mientras que 118 personas se encuentran en establecimientos penitenciarios. Otras 67 personas están en otras dependencias como la Unidad 34, ubicada en Campo de Mayo. A pesar de que el Servicio Penitenciario Federal la cuenta como unidad penitenciaria, los organismos especializados creen que no es así por el rol que tuvo ese lugar durante el proceso.

Desde hace años, el ritmo de juzgamiento viene desacelerándose. Si bien 2020 fue un año particular con la pandemia, ya desde 2017 se puede observar una baja en la cantidad de debates realizados: fueron 27 las sentencias y ya en 2018, se dictaron 18, número que no fue superado por ahora en ninguno de los registros anuales.

En línea con esa situación, hace diez días la Cámara de Casación Federal lanzó una acordada para que los tribunales orales federales de todo el país puedan acelerar y dar prioridad a este tipo de procesos. Hay que destacar que es la Casación la que debe revisar las sentencias de todo el país y que muchas veces, envía nuevamente los casos a juicio cuando se dictaron absoluciones de forma incorrecta, lo que forma un loop temporal que termina alargando aún más la tramitación de la causa.

En esa acordada, se recordó que se le debe dar prioridad al momento de fijar fechas de audiencias, por más que se interpongan con otras causas Las causas de lesa humanidad fueron pioneras en incorporar las videoconferencias, a las que Casación considera claves para que los jueces y juezas puedan cubrir casos de otras jurisdicciones.

Tras esta acordada, que incluso menciona el control que se debe realizar sobre las prisiones domiciliarias, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, también se reunió con la Casación Federal (antes lo habían hecho los organismos de derechos humanos) para hacer foco en la “celeridad de los juicios”. 

La Corte había sido muy criticada por las demoras en varios casos de lesa humanidad, entre ellos, la situación del empresario Carlos Pedro Blaquier. En 2015 la sala IV de la Cámara de Casación Federal había revocado los procesamientos de Blaquier y de Alberto Lemos y prácticamente había clausurado la posibilidad de que llegue el reclamo a la Corte.

Tras la insistencia de los fiscales, y seis años después de esa revocación, la Corte intervino en el caso. La jueza Elena Highton de Nolasco y los magistrados Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda dejaron sin efecto la decisión que tomó Casación y cuestionaron la forma en que accedieron al expediente y le reprocharon que no se tuvieran en cuenta de qué causa se trataba. “La celeridad resulta especialmente relevante por tener por objeto la dilucidación de delitos de lesa humanidad cometidos hace más de cuarenta años, y cuya investigación fue coartada por múltiples obstáculos legales”, remarcaron.