La paritaria que no fue: entre reclamos por despidos, el Gobierno pateó la discusión para 2025
El Gobierno convocó a los gremios estatales a negociar en el cierre del año, pero, ante la falta de acuerdos, llamó a un cuarto intermedio hasta la segunda semana de enero. ATE denuncia despidos masivos, deterioro salarial y precarización. Más de 57 mil contratos vencen mañana, generando incertidumbre entre los trabajadores.
En el último día hábil de 2024, el Gobierno nacional citó a los gremios estatales para discutir la paritaria en una reunión virtual programada para el mediodía. La convocatoria llega en un contexto de alta tensión, con más de 57 mil contratos estatales venciendo al otro día, despidos masivos en varios organismos y un creciente conflicto con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Desde el gremio liderado por Rodolfo Aguiar, no ahorraron críticas. “El llamado llega tarde y no servirá de nada si no hay una compensación por el deterioro salarial sufrido este año”, expresó el dirigente en declaraciones radiales. Además, calificó la negociación como “una teatralización” por parte del Gobierno.
La reunión fue poco exitosa: sin soluciones, el Ejecutivo decidió pasar a un cuarto intermedio hasta la segunda semana de enero.
Un año complejo
El último acuerdo salarial fue firmado el 31 de octubre, cuando se pactó un incremento del 3% para los últimos dos meses del año, además de una suma fija de $30.000. Mientras UPCN rubricó el acuerdo, ATE lo rechazó por considerarlo insuficiente frente a una inflación que acumuló un 112% anual en noviembre. Según el gremio, los salarios del sector perdieron 40% de poder adquisitivo en 2024.
Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reveló el domingo pasado que desde la asunción de Javier Milei, unos 35.936 empleados públicos fueron despedidos. “Menos gasto público son menos impuestos y más dinero para los argentinos”, celebró el funcionario en sus redes sociales, defendiendo el recorte.
Entre los organismos más afectados figura el Ministerio de Justicia, donde 2.400 trabajadores fueron desvinculados en diciembre, muchos de ellos pertenecientes a la Secretaría de Derechos Humanos. La situación es similar en la Defensoría del Público, donde 104 empleados perderán sus puestos.
Aguiar también criticó los exámenes de idoneidad que el Gobierno exige a los trabajadores para garantizar sus contratos: “El Sistema de Evaluación Pública no tiene sentido, hay que incorporar de inmediato a quienes aprobaron en la primera instancia”, sostuvo.
En el plano salarial, el sindicalista apuntó a la necesidad de “recuperar el poder adquisitivo perdido y garantizar la estabilidad laboral como un derecho del empleo público”. Sin embargo, la mayor controversia se generó tras sus declaraciones en redes sociales, donde aseguró que “2025 tiene que ser el año en el que le robemos la motosierra y les cortemos la cabeza a ellos”, en referencia al Gobierno nacional.
La publicación incluyó una imagen generada por inteligencia artificial donde trabajadores de ATE, con motosierras en mano, enfrentan a un león, símbolo del partido gobernante.
Mientras tanto, la incertidumbre entre los empleados públicos crece. Según números oficiales, la planta estatal ya se redujo en más de 35 mil personas desde diciembre, y el futuro de los 57.513 contratos que vencen mañana sigue siendo incierto.