El 11 de julio de 1977, el obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, volvía de Buenos Aires por la ruta 9 a bordo de un Renault 4 cuando una camioneta se le cruzó en el camino, originando un fraguado incidente de tránsito que le ocasionó la muerte. El religioso había concurrido a la Nunciatura Apostólica con documentación sobre violaciones a los derechos humanos y asesinatos cometidos por los agentes del terrorismo de Estado contra los integrantes de la comunidad católica, en plena dictadura cívico militar.

A 47 años de ese crimen, el velo de la impunidad comienza a despejarse. Tras una demora tan prolongada como inexplicable, la Justicia Federal activó días atrás una causa para investigar el hecho como un caso de lesa humanidad, mientras la Iglesia católica creo una comisión especial para estudiar la vida y ministerio de Ponce de León, con el propósito de “preservar su testimonio y legado".

A principios de mes, el fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello pidió que sean llamados a prestar declaración indagatoria el exjefe de Personal y Logística de la Plana Mayor del Área Militar 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, Bernardo Luis Landa; al exjefe   de la Sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101, Omar Andrada.

Además, el funcionario judicial dispuso que sean convocados a declarar el conductor de la camioneta F-100 que ocasionó la muerte del religioso y empleado de la empresa Agropolo, Luis Antonio Martínez y al directivo de esa firma, Sergio Carlos Bottini.

Di Lello también pidió la indagatoria para el exoficial del Ejército Luis Américo Muñoz, condenado por los asesinatos de los militantes peronistas, Osvaldo Cambiaso y Agustín Pereira Rossi, pero este represor no podrá ser alcanzado por el accionar de la Justicia, ya que murió meses atrás. Un caso de impunidad biológica en una causa demorada por décadas de olvidos y complicidades.

La instrucción de esta causa se inició en 2005, pero recién en febrero del año pasado y tras un largo recorrido de dilaciones, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó anular por “cosa juzgada írrita” el fallo de la Justicia provincial bonaerense que en 1978 declaró que la muerte de Ponce de León y las heridas que recibió su acompañante, Víctor Oscar Martínez. Ese fallo de la Cámara rosarina quedó ratificado por una resolución de Casación emitida en mayo de este año.

En 2020, el Ministerio Público Fiscal, pidió la nulidad de ese expediente que determinó que el atentado contra el religioso había sido un hecho accidental, pero el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, había considerado que no existían motivos para anular esa sentencia dispuesta en su momento por el magistrado Oberdán Andrín, quien impuso en su momento al conductor Luis Alberto Martínez una pena de seis meses de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para manejar vehículos.     

La hipótesis de la Fiscalía es que Ponce de León fue asesinado fue asesinado en un atentado planificado por diferentes órganos represivos como consecuencia de sus denuncias que había presentado ante el nuncio apostólico Pio Laghi.

Una de las hipótesis de la investigación es que el obispo presentó a sus superiores documentación relacionada con el asesinato de cinco integrantes de la comunidad palotina de la Iglesia de San Patricio, ocurrido en julio de 1976.

Martínez cruzó la camioneta sobre la ruta para que fuera embestida por el vehículo conducido por Ponce de León en la madrugada del 11 de julio de 1977 y así ocasionó su muerte.

El conductor de la F-100 que produjo la muerte del religioso era empleado de la empresa Agropolo, que tenía un domicilio aledaño al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército y había sido fundada por el hermano de una persona que se desempañó como personal civil del Servicio de Informaciones de esa arma, durante los años ’70.

En 1984, en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) dio cuenta en su informe “Nunca Más” que Ponce de León había sido víctima de un atentado planeado por la última dictadura en el contexto del plan sistemático de represión ilegal. Las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos presidenciales de Carlos Menem impidieron que las investigaciones sobre este caso pudieran avanzar.

Ahora, con una investigación abierta desde hace más de 19 años, Bailaque debe decidir si hace lugar a los pedidos de indagatoria para poder establecer verdad y justicia.

La Justicia reactiva la investigación por el asesinato del obispo Ponce de León

La iglesia también busca la verdad

En el marco de la instrucción de la investigación, el Ministerio Público Fiscal solicitó en 2016 información a el Vaticano sobre los documentos que pudo haberle entregado Ponce de León a la Nunciatura y probaban las violaciones a los derechos humanos de la última dictadura.

La Santa Sede contestó entonces que no disponía de la información requerida, que podría encontrarse en los archivos de las diócesis locales, una búsqueda que resultó infructuosa.

Pero al cumplirse 47 años del asesinato de Ponce de León, la Conferencia Episcopal Argentina ordenó la formación de una comisión, que estará encabezada por el monseñor José Luis Mollaghan, y que tendrá la tarea de “profundizar la vida y el ministerio” del religioso.

"Consideramos que la Conferencia Episcopal tiene el deber cristiano de mantener vivo el recuerdo de un testigo del Evangelio a quien le fuera confiado el ministerio apostólico al servicio de una porción del pueblo de Dios que peregrina en Argentina. Para muchos de nosotros, Monseñor Ponce de León ha sido un signo vivo del Buen Pastor entregando su vida a favor de la Iglesia de San Nicolás de los Arroyos, y en esa perspectiva nos ayuda como ejemplo e intercesor ante Dios a quienes llevamos hoy esa desafiante responsabilidad de pastorear a la Iglesia en Argentina”, señaló el Episcopado en un comunicado.

La decisión de la Iglesia implica un claro respaldo a la acción de la Justicia en este caso de lesa humanidad que parece contrastar con la postura negacionista que el Gobierno del presidente Javier Milei mantiene en relación a los crímenes del terrorismo de Estado y las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.