La fiscalía sostuvo que la acusación en la causa Vialidad se encuentra "incólume"
El Tribunal Oral Federal 2 había dispuesto un receso de dos semanas al finalizar la última audiencia de alegatos. Ahora, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola respondieron nulidades señaladas por las defensas.
Como si nada hubiera pasado. El fiscal federal Diego Luciani sostuvo este lunes que no hará uso de su derecho a réplica a los alegatos de las defensas en la causa Vialidad porque "no hay argumentos jurídicos novedosos".
En el comienzo de una semana clave en el juicio que tiene a Cristina Kirchner como principal acusada, la fiscalía respondió a los planteos de nulidad realizados por varios defensores con el argumento de que la acusación, "se mantiene absolutamente incólume", al comenzar a exponer ante el Tribunal Oral Federal 2.
De este modo, el juicio ingresó de manera formal en su etapa final a más de tres años después de haber comenzado. El Tribunal Oral Federal 2 había dispuesto un receso de dos semanas al finalizar la última audiencia de alegatos defensores. Ahora, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola respondieron a los planteos de las defensas.
"El Tribunal se encuentra en condiciones de resolver lo que corresponda de acuerdo a la ley", sostuvo Luciani y remarcó que, en sus alegatos finales, las defensas no introdujeron "argumentos jurídicos novedosos o que en el alegato fiscal no se hayan discutido".
"Todas las cuestiones jurídicas expuestas por los defensores encuentran respuesta en el alegato fiscal", opinó y advirtió que tampoco responderá "la valoración de tinte político que hicieron algunos defensores".
"El alegato se sostiene por sí mismo y a nuestro criterio se mantiene absolutamente incólume. El Tribunal ya conoce los hechos y la prueba que se incorporó legalmente a este proceso", agregó.
Como la fiscalía optó por no usar las réplicas, tras la respuesta a los planteos de nulidad el juicio entrará en la etapa de últimas palabras de todos los procesados, para lo cual el Tribunal fijará un cronograma.
En la causa se intenta dilucidar si existieron irregularidades en 51 obras públicas viales que las empresas de Lázaro Báez recibieron para Santa Cruz entre 2003 y 2015. El juicio comenzó en mayo de 2019: si bien estuvo interrumpido unos cinco meses por la pandemia en 2020 -y se reanudó en agosto de 2020-, se presentaron 114 testigos, cuyos testimonios fueron utilizados como parte del contexto probatorio, más allá de la evidencia documental y los informes sobre las licitaciones.
Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu ya escucharon el pedido que hicieron los fiscales para la vicepresidenta Cristina Kirchner, a la que consideraron jefa de una asociación ilícita y responsable por el delito de administración fraudulenta agravada por su condición de funcionaria pública y solicitaron una condena de 12 años de prisión.
Misma pena requirieron para el empresario santacruceño. En el caso de Cristina, por el tipo de delito la condena viene además con una inhabilitación para ejercer cargos públicos de forma perpetua.
Si la agenda no falla y feriados mediante, esta situación permitiría que el veredicto llegue antes de la semana de Navidad. Hay quienes arriesgan que pueda darse durante el Mundial de Qatar 2022, si se mantiene la velocidad con la que se manejó el debate estas semanas.
De todas formas, los fundamentos de la decisión judicial recién se conocerán entrado el 2023. Cuando estén disponibles, todas las partes tendrán diez días para presentar su recurso de Casación, si es que consideran que deben revisarse los argumentos que dieron los jueces Gorini, Basso y Giménez Uriburu en el juicio.