La causa por enriquecimiento ilícito contra Edgardo Kueider quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que el juez de Garantías de Concordia, Edwin Ives Bastián, rechazara el pedido de su par de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, de hacerse con la competencia del expediente.

Bastián siguió al pie de la letra la opinión del fiscal José Arias, cuyo dictamen ocupó siete de las ocho fojas de la resolución. La conclusión fue tajante: "No existen razones materiales ni jurídicas que fundamenten la competencia del fuero Federal". De este modo, la causa seguirá su curso en Entre Ríos hasta que la Corte defina la jurisdicción definitiva.

El conflicto se generó porque en San Isidro se investiga la causa Securitas, donde se denuncian supuestos pagos de coimas para obtener contratos con el Estado. En octubre, Arroyo Salgado vinculó la denuncia contra Kueider con esa investigación, argumentando que existía conexión entre ambos expedientes. Según Arias, sin embargo, "no se describe ninguna participación del exsenador en el entramado Enersa - Securitas", más allá de algunos mensajes de texto y la firma de un acta en la empresa de distribución eléctrica de Entre Ríos.

La investigación en Concordia comenzó el 16 de junio, a partir de una denuncia del vecino Eliseo Blanco. En ella se expuso que Kueider poseía tres departamentos y dos cocheras en un lujoso edificio de la capital entrerriana, a través de la sociedad anónima Betail S.A.. La información figuraba en su declaración jurada de 2021. Días después, el 2 de julio, el periodista Christian Sanz realizó la misma denuncia en San Isidro, lo que derivó en la disputa de competencia.

El caso tomó mayor relevancia cuando Kueider fue detenido en Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar, lo que le valió una acusación por intento de contrabando. Este episodio reavivó las sospechas sobre su patrimonio y agregó presión sobre la justicia argentina para definir quién se hará cargo de la investigación.

El fiscal Arias estableció un límite temporal para la pesquisa en Entre Ríos, determinando que abarca desde 1999 hasta 2021. Si la investigación se extendiera a los años posteriores, podría abrirse la posibilidad de que la causa se divida por fechas y parte del caso pase al fuero federal. Sin embargo, esto es visto con escepticismo por los operadores judiciales locales, que consideran ilógico un desglose de la investigación.

La decisión ahora está en manos de la Corte Suprema, que deberá determinar si la causa sigue en Concordia o si finalmente pasa al juzgado de Arroyo Salgado en San Isidro. Mientras tanto, el expediente seguirá su curso en la justicia entrerriana.