Tal como contó este jueves Data Clave, la oposición comenzó la estrategia en silencio para conseguir los votos y rechazar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El primer paso para llegar al recinto y definir la suerte de ambos candidatos es que García Mansilla consiga dictamen en la comisión de Acuerdos, en este caso, las firmas podrían ser aportadas por los que rechazan su asunción en la Corte y adhieran al dictamen para que este pueda ser tratado. El dictamen de Lijo ya tiene las firmas suficientes desde hace un mes.

El segundo paso será convocar a una sesión y que se alcance el quórum necesario para sesionar. Esto es, la mitad más uno de los presentes, que se consigue con 37 senadores. Recién en ese momento podría llegar una votación. Según los senadores de UP y los que se han encargado de inundar las redes con el lema #LijoNo, alcanza con 25 votos para rechazar los pliegos. Es decir, con dejar constancia en el panel de votación de que ambos no reúnen el acuerdo de los dos tercios del Senado. Esta suma y resta de mayorías puede quedar sujeta a distintas interpretaciones constitucionales

En las últimas horas, se metieron a jugar los gobernadores en la rosca interna de pasillo. El Senado, una vez más, quedó a merced de negociaciones de alto calibre entre el gobierno nacional y los jefes provinciales. En este combo, es clave lo que defina el bloque UCR, que tiene la llave de la votación en caso de que en el peronismo se asegure un piso de 20 voluntades en contra de los nombramientos. “El gobierno nacional y Edgadro Vischi presionan fuerte para que no se rechacen los pliegos”, afirmó a Data Clave una fuente parlamentaria con acceso a un despacho dispuesto a rechazar ambos pliegos. La bomba en el radicalismo estalló un viernes  a pesar del escaso movimiento en el Senado.

Según fuentes parlamentarias, el bloque UP reúne 6 firmas en el dictamen y por otro lado se suman dos más. Los senadores Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO) presentaron un dictamen propio. Según pudo constatar este portal, el dictamen alternativo que presentaron es un rechazo al acuerdo para que Manuel García Mansilla sea parte de la Corte. Entre los fundamentos, se citan las declaraciones en audiencia pública del candidato cuando refirió que no asumiría mediante un decreto. “Yo no hubiera aceptado una nominación en comisión porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son privativas del Presidente”, dijo en el Senado el ahora magistrado de la Corte.

El otro argumento para dictaminar un rechazo es el mecanismo utilizado por el Gobierno, no en su constitucionalidad sino en la manera “llena de artilugios" para pasar por sobre la voluntad “legislativa y los consensos”.

Vischi, titular del bloque radical, es hombre del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdes. Ya mostró su sintonía con el gobierno nacional y su cintura maleable cuando cambió el voto en cuestión de horas y ayudó a rechazar la creación de una comisión investigadora en el caso de la estafa cripto $Libra. Su repentino cambio fue contra un proyecto de su propia bancada y que insólitamente él mismo había firmado como co-autor.

En la suma de 6 firmas de UP y 2 que aportan con su dictamen Tagliaferri y Lousteau, falta solo 1 para que el pliego de Mansilla tenga la puerta abierta a ser votado en el recinto. Tres radicales más conforman el cuerpo legislativo, el bonaerense Maximiliano Abad, la mendocina Mariana Juri y la santafesina Carolina Losada, esta última ya declaró su rechazo a Lijo. Por estas horas, la firma no aparece. 

A esta hora, ya siendo parte de la Corte, el dato saliente es que García Mansilla no tiene ni dictamen ni una sola firma que lo apoye.

En La Libertad Avanza confían en que los tiempos todavía tienen plazo. Esperan que la posible sesión de la oposición llegue recién en la semana del 18 de marzo y que en el medio corran “muchas negociaciones”. El toma y daca, como se ha visto durante las grandes leyes del gobierno, lleva tiempo y casi siempre termina con saldo positivo para el gobierno.