La causa impulsada por la UBA por las auditorias ya tiene nuevo juez en el fuero contencioso
El expediente iniciado contra la decisión del gobierno de involucrar a la SIGEN tuvo dos jueces en 24 horas y ahora se espera que la fiscalía determine en qué lugar debe tramitarse el caso. En la presentación, la universidad consideró “inconstitucional” la intervención de un órgano que depende directamente del Ejecutivo.
El juez en lo contencioso administrativo federal Diego Cormick envió hoy a la fiscalía la acción declarativa de certeza y reclamo de medida cautelar que presentó la Universidad de Buenos Aires ayer para evitar ser auditada por la Sindicatura General de la Nación. Ahora, es la Fiscalía en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo 8 quién deberá determinar la presentación debe tramitarse en este fuero.
Cabe resaltar que Cormick quedó a cargo del caso luego de que la UBA recusara sin causa ayer por la noche a la primera magistrada que había sido sorteada, Rita Ailán.
Los detalles de la presentación
La UBA impulsó una acción declarativa de certeza y una medida cautelar para que frene el avance de SIGEN sobre su funcionamiento, por entender que la decisión del Poder Ejecutivo es “inconstitucional”, atenta contra “el principio de división de poderes” y vulnera “la autarquía y autonomía” de las universidades.
En el escrito presentado ante la justicia, la UBA destacó que “a 30 años de haberse producido la reforma constitucional que reconoció la autonomía y autarquía de las Universidades Nacionales, no resulta comprensible como algunas escuelas de pensamiento siguen echando mano a construcciones de interpretación legal sesgadas por posicionamientos políticos, que al día de la fecha entendemos son discusiones superadas”.
"Parte de las constantes falacias que se expresan públicamente sobre las Universidades Nacionales es que no cuentan con auditorías sobre el origen y el destino de sus recursos económicos. Nada más alejado de la realidad. Esta Universidad ha implementado un sistema de control interno robusto y eficaz dentro del marco de su autonomía y autarquía y de las previsiones contenidas en las leyes 24.156 y 24.521", agregó.
"Por ello, se requiere enfáticamente de V.S. que, al momento de resolver, tenga especialmente en cuenta la falta de legitimidad e inconstitucionalidad desplegadas por el Gobierno nacional a través de la SIGEN basándose en un dictamen no vinculante emitido por el Sr. Procurador General del Tesoro de la Nación”, remarcó el texto.
Sobre el organismo designado, la UBA explicó que “la SIGEN tiene competencia exclusiva y excluyente para ejercer el control interno, sólo en las jurisdicciones que componen el PEN y en los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo”; “las Universidades Nacionales no son organismos descentralizados dependientes del PEN”.
El lunes, la SIGEN notificó a la Universidad de Buenos Aires que iniciará los trabajos de auditoría en esa casa de estudios. Según expresó el ente descentralizado de control interno en un comunicado, las autoridades de la UBA no respondieron a las notificaciones enviadas por el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y el aviso al correo electrónico oficial del rectorado. Por esa razón, “se decidió entregar la notificación en un documento físico, para evitar más dilaciones”.