La comisión de Juicio Político, con la oficialista Carolina Gaillard (FdT) al mando, tuvo una nueva jornada a fines de seguir recibiendo testimonios en el marco de la investigación contra la Corte Suprema de Justicia. En la previa de la presencia de los citados, se disparó una tensa discusión sobre los pasos a seguir y las nuevas medidas de prueba que reclamó el Frente de Todos.

Lo primero que se informó desde la presidencia del cuerpo fue la ausencia del exadministrador de la Corte, Héctor Marchi, que la semana pasada había levantado polvareda con duras críticas internas en el ámbito del palacio de Tribunales. El exfuncionario y hombre directo de Ricardo Lorenzetti, se excusó porque fue citado a declarar por el juez Ariel Lijo en el marco de una investigación en la justicia federal. La oposición generó suspicacias por esta ausencia pero desde el FdT aseguró que estará presente el próximo martes para continuar su declaración ante la comisión.

Por su parte, exdirector de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN), Aldo Tonón, faltó por tercera vez a una convocatoria y el cuerpo aprobó avanzar con una citación que incluya la fuerza pública. Para esto, deberá actuar el aval de un juez.

En caso puntual del debate, la lupa se centró en la empresa Moro Media SRL, de Silvio Robles y Natalia Monayer, ambos miembros de la vocalía del presidente de la Corte Horacio Rosatti y que volvieron a quedar en el centro de los cuestionamientos del bloque Frente de Todos. El diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT) pidió ampliar la prueba sobre esta firma y requerir a la AFIP una serie de documentos: Declaraciones juradas, pagos de impuestos y todo tipo de movimientos.

Además, en una vehemente intervención, el diputado del oficialismo sumó también al listado de citados dos testimonios más. María José Castillo, de la agrupación H.I.J.O.S de Jujuy por el caso Blaquier y a la jueza federal de San Martín, Martina Forns, que denunció en declaraciones públicas el abandono de su marido por parte de la Obra Social durante la pandemia.

Estas dos medidas de prueba solicitadas en el inicio por parte del bloque oficialista levantó los ánimos de la bancada opositora. El presidente del bloque CC-ARI, Juan Manuel López, levantó la voz para interceder ante el discurso del diputado Tailhade al que calificó con los micrófonos abiertos como un “tonto”. La respuesta llegó desde las bancas del FdT, el sindicalista y diputado nacional Hugo Yasky reclamó respeto al mismo tiempo retrucó fuera de micrófono con un “tarado” y “comisario de la clase dominante”. El clima se calentó por completo.

“Se les está cayendo la comisión y no saben cómo seguir”, cerró López. Luego, su compañera de bancada, Paula Olivetto pidió sumar información de ANSES sobre Robles y alertó con ironía: “se van a encontrar que trabajó en el gobierno kirchnerista con Ricardo Jaime y Felisa Micelli”. El tono de acusación no hizo mella en el oficialismo que respondió de igual modo recordando que la diputada del PRO, Graciela Ocaña, estaba en la misma situación. “Tailhade es un irrespetuoso y un machirulo”, sentenció la legisladora de JxC exigiendo una disculpa que no llegó.

En este contexto, se votó de manera nominal y a viva voz la aprobación de la ampliación de pruebas. Juntos se opuso sin éxito y el Frente de Todos avanzará con la información que compromete a una empresa de Robles que fue conocida por los testimonios de esta misma investigación.

A la hora de los testigos, la Comisión escuchó el testimonio de Andrés Alberto Sacchi, de la Dirección de Sistemas de la Corte, quien planteó las tareas realizadas para “informatizar la obra social porque había un software antiguo que no cubría las necesidades”. 
Sacchi explicó que “se trabajó sobre la mejora y modernización de la página web” y, sobre la inundación en los despachos -que fue mencionada por otros testigos-, reconoció que “durante la feria hubo una filtración de agua que había afectado una computadora”. 

Posteriormente, brindó testimonio María Bettina Bonuccelli, funcionaria de la Corte, quien se refirió a la situación en la obra social: “Detrás de una queja o de un pedido de ayuda había una persona que estaba pasando por una situación de salud crítica”.
Asimismo, dijo que “desde el 2019 para la fecha, toda la pandemia, Tonón no vino a la oficina, y anteriormente habrá venido dos o tres veces al año”.

Por último, expuso Valeria Díaz, afiliada de la obra social del Poder Judicial, quien explicó que “tenía la necesidad de ser madre” y la obra social le rechazó el pedido de fertilización asistida en numerosas oportunidades. “Hice varias presentaciones, envié una carta documento y la obra social seguía rechazándome por diferentes motivos, cuando había una ley nacional que decía que debía cumplir con esa prestación”, declaró. Díaz se refirió a una situación “discriminatoria” de parte de la obra social. “Hoy tengo una nena de siete años, de la cual estoy completamente orgullosa”, dijo, tras narrar su historia en búsqueda de la maternidad.