La Cámara Federal de Comodoro Py decidió reabrir una causa que hasta ahora parecía cerrada: la que apunta contra el ex presidente Alberto Fernández y la ex vicepresidenta Cristina Kirchner por la demora en la compra de vacunas Pfizer durante la pandemia. El tribunal de apelaciones revocó la decisión del juez federal Ariel Lijo, que había desestimado las denuncias presentadas, y ordenó seguir investigando.

“Aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado Argentino y los representantes de la firma Pfizer, las cuales no han sido plenamente analizadas en el curso de la investigación”, dijeron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens en la resolución. La investigación está lejos de estar terminada: la Cámara señaló que es necesario revisar el trato que recibió Pfizer respecto a otros laboratorios que firmaron antes sus contratos con el país.

La causa se inició a partir de dos denuncias presentadas en 2021. Por un lado, un grupo de legisladores opositores pidió que se investigue por qué el gobierno tardó tanto en cerrar un acuerdo con el laboratorio estadounidense. Por otro, los familiares de cuatro personas fallecidas por COVID-19 también reclamaron explicaciones judiciales, bajo el argumento de que la demora pudo haber influido directamente en la muerte de miles de argentinos.

Durante los primeros meses de la pandemia, la Argentina optó por avanzar primero con Sputnik V, mientras otras naciones de la región ya recibieron las primeras tandas de Pfizer. Esa decisión generó una fuerte discusión política e incluso acusación de supuestas coimas. El gobierno nacional no logró dar una explicación clara y el debate público se intensificó. Recién en septiembre de 2021, Pfizer entregó las primeras 20 millones de dosis, cuando ya habían pasado más de seis meses desde la aprobación de emergencia de esa vacuna a nivel internacional.

Los camaristas remarcaron que la investigación no analizó a fondo el ritmo de las negociaciones con otras farmacéuticas, como AstraZeneca, Moderna, Sinopharm o Gamaleya. “Esta ausencia probatoria imposibilita descartar la existencia de supuestos tratos desiguales entre aquellos laboratorios y la empresa Pfizer”, sostuvieron los jueces. Y agregaron que no se puede cerrar la causa sin agotar todas las medidas de prueba que propuso el fiscal federal Carlos Stornelli, quien había apelado la decisión de archivo dictada por Lijo.

El propio fiscal Stornelli remarcó que “es notoria la diferencia verificada en cuanto a los tiempos de tramitación de los distintos procedimientos de compra de vacunas”. Para el representante del Ministerio Público, el caso de Pfizer evidencia un “aletargamiento innegable”, protegido por una falta de registros oportunos y una opacidad que nunca fue aclarada del todo. “No puede soslayarse que las demoras en las negociaciones con Pfizer derivaron en una disminución progresiva de las dosis comprometidas, justo cuando ingresaban rápidamente las de otros laboratorios”, advirtió en su presentación.

En su momento, el juez Ariel Lijo había archivado la causa al considerar que no existía una plataforma fáctica sólida para sostener un reproche penal. “Negociar con distintos laboratorios en simultáneo no constituye una maniobra ilícita”, escribió. También señaló que la propia Pfizer había reconocido el “interés y voluntad política” del gobierno para adquirir vacunas en tiempo y forma. Pero ahora la Cámara cree que ese análisis fue incompleto y que aún falta investigar.

Según datos oficiales, más del 90% de los fallecidos por COVID-19 en Argentina no estaban vacunados o no contaban con las dosis de refuerzo recomendadas. Desde marzo de 2020, más de 130 mil personas murieron a causa del virus. Aunque el plan de vacunación logró frenar los cuadros graves en 2021, el inicio fue accidental. La causa buscará determinar si esa demora se debió a decisiones administrativas legítimas o si hubo irregularidades que costaron vidas.

La resolución judicial de la Cámara no implica una imputación directa contra los exfuncionarios, pero obliga a que se sigan recolectando pruebas y comparando la velocidad de cada acuerdo firmado por el Estado Nacional con los distintos laboratorios que ofrecieron sus vacunas durante los meses más críticos de la pandemia.