La jueza federal María Servini ordenó el viernes a última hora de la noche la libertad de 17 personas que habían sido arrestadas durante los incidentes que se produjeron en las inmediaciones del Congreso por la Ley Bases. mientras que rechazó la excarcelación sobre las otras 16 detenidas.

La magistrada se basó en la "falta de mérito" para otorgarles la libertad a la mitad de los aprehendidos, pero denegó el mismo beneficio para el resto, ya que hay evidencia fílmica y fotográfica sobre su responsabilidad en los desmanes ocurridos el miércoles pasado.

Entre los retenidos está Cristian Fernando Valiente, quien tenía en su poder una granada de mano al momento de su detención. Servini había indagado en las últimas horas a todos los arrestados y los incriminó de haber atentado contra el orden constitucional.

La jueza aceptó la calificación que había propuesto el fiscal Carlos Stornelli, quien acusó a los reos de diversas infracciones, desde "lesiones" hasta "delitos contra los Poderos Públicos y el Orden Constitucional". 

De los 16 detenidos, cinco son acusados por distintos hechos, además de portar antecedentes. Los motivos son por pegarle a la policía y tirar piedras, además del caso de Valiente que portaba una granada. Todos ellos se encuentran en la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal.

Las personas liberadas son Sofía Ottogali, Gonzalo Duro, Martín Di Rocco, Mateo De Tore, Germán Moyano, Fernando Leone, Ricardo Shariff, Diego Kurburo, Román Méndez, Luis Alberto de la Vega, Santiago Adano, Brian Ortiz, Belén Ocampo, Matías Ramírez, Nora Longo Remigio Ocampo y Mía Pilar Ocampo.

En tanto, siguen detenidos David Sica, Patricia Arredondo, Juan Ignacio Espinetto, Camila Juárez, Nicolás Mayorga, Saya Lyardet, Héctor Maella, Cristian Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tolaba, Lucía Belén Puglia, Cristian Valiente, Facundo Gómez, Roberto María de la Cruz Go y Gabriel Famulari.

Por su parte, la vicepresidente Victoria Villarruel -quien debió desempatar para que se apruebe la Ley Bases el día de los disturbios-, presentó una denuncia en el juzgado de Servini por lo que considera "un ataque contra el ejercicio democrático".

Villarruel se apersonó como querellante y señaló en su denuncia que los hechos acaecidos "no tendrían otro objetivo más que interrumpir la sesión", y en ese sentido culpó a sectores vinculados al kirchnerismo.