Incendios en el Delta: accionista del grupo Clarín identificado como dueño de campos con quemas

La Justicia de Entre Ríos comenzó a imputar y a identificar a los dueños de los campos en los cuales se produjeron -y producen- los incendios en las islas del Paraná, en la zona de Victoria, cuyo humo impactó en Rosario, San Pedro y ya llegó incluso al conurbano y a la ciudad de Buenos Aires. 

Tras la presión por parte del gobierno santafesino, el respaldo del Gobierno Nacional y las movilizaciones de los ciudadanos, se empezaron a conocer los primeros nombres detrás de los fuegos del Delta. La Justicia Federal de Paraná imputó -al momento- a siete propietarios que se los acusa por presunta violación a los artículos 186 y 194 del Código Penal (incendio intencional y entorpecimiento de medios de transporte), y la ley 24.051 de residuos peligrosos. Y la Justicia ya tiene a más de veinte identificados como dueños de los campos en los que se iniciaron las quemas.

Seis de los siete imputados por los incendios son de Rosario, una de las principales ciudades afectadas por el humo de las quemas.

Entre los identificados, resalta el nombre de Copra S.A, sociedad de la familia Aranda. Este grupo es de los propietarios más importantes de la zona en cuestión. El presidente de esta firma es José Antonio Aranda, directivo y uno de los principales accionistas el Grupo Clarín.

“En el conflicto de la quema en las islas y la lucha por la ley de humedales, hay sectores concentrados de la economía argentina que tienen inversiones en la zona del delta del Paraná”, señala Lisandro Citta, miembro de la Multisectorial por los Humedales de Rosario. Y agrega que entre ellos está José Antonio Aranda, “uno de los productores ganaderos y arroceros más grandes de Argentina y uno de los accionistas del Grupo Clarín”.

La Justicia entrerriana ha imputado hasta acá a titulares dominiales. Por lo cual Aranda, como accionista principal de una Sociedad Anónima, se encuentra en análisis de la justicia. Algunos de los acusados ya han intentado desligarse de los hechos, al denunciar que personas han ingresado ilegalmente a los campos para iniciar las quemas. No obstante, lo que la Justicia apunta es que hay una responsabilidad de los titulares respecto a lo que sucede en sus tierras.

La quema es una práctica habitual y anual en esa zona del delta entrerriano. Los productores ganaderos la impulsan para renovar el pastizal previo a la primavera. Las condiciones de estos terrenos hacen que el fuego se propague con facilidad y que sea difícil de frenar, por las complicaciones para acceder a las islas.

El impacto negativo del humo en las ciudades y pueblos cercanos provocó el fuerte reclamo por parte del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin. Por lo bajo apuntaban contra el gobernador entrerriano Gustavo Bordet, debido a que varios de los campos son territorios fiscales, es decir, pertenece a la provincia de Entre Ríos que a su vez los cede a productores para su explotación.

En el Gobierno entrerriano reconocen que el respaldo del Gobierno Nacional -a través del ministro de Ambiente, Juan Cabandié y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero- fue clave para que la Justicia de Paraná avance contra los propietarios. “Presión en el buen sentido. Lo han movilizado al tema en forma intensa. Más allá de que el daño está, han ejercido una presión importante y sana”, admiten en diálogo con Data Clave.

Lisandro Citta señala también que el Concejo Deliberante de Victoria hizo pública la intención y el proyecto “grupo ganadero/inmobiliario La Carolina S.A de llevar adelante un emprendimiento inmobiliario en las islas”. “El titular del grupo, y presidente de la Fundación Apertura, Esteban Hernández se expresó en medios rosarinos planteando incluso que la ley de humedales, que se discute por estas horas en el congreso nacional, no es necesaria”, detalló Citta.