El Gobierno avanza en su dialéctica contra los movimientos sociales y dedica un capítulo del Presupuesto 2025 a enumerar medidas que tomaron para “cortar con los intermediarios” en el manejo de los recursos públicos que entrega el Estado a los sectores más vulnerables.

El oficialismo habló de políticas públicas en el proyecto que aún no presentó formalmente en el Congreso pero que ya tiene una redacción inicial. “Acompañamiento social sin intermediaciones” es el capítulo 4 inciso 2 que dedica tres páginas a las medidas que tomaron para paliar la crisis económica.

La gestión que encabeza Javier Milei asegura que “se han realizado esfuerzos significativos para ampliar la asistencia social a madres y niños en los sectores más vulnerables y proteger el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, priorizando el acompañamiento social (eliminando intermediaciones irregulares que impedían que las prestaciones llegaran en forma transparente y directa al beneficiario) mientras se evidencian los efectos positivos de la estabilización”.

Además de las jubilaciones, el oficialismo plantea que “al inicio de la gestión se duplicó el monto de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo pasando de $20.660 a $41.322. Para el mes de junio, el aumento otorgado por movilidad elevó el monto de estas prestaciones a $74.354, beneficiando a más de 4 millones de niños”.

“Además, la prestación monetaria para el complemento nutricional del Plan 1000 Días que beneficia a casi 700 mil personas (considerando en su cobertura a madres embarazadas y niños de hasta 3 años de vida) se multiplicó por 6 (seis) en el mes de abril, pasando de $3.303 a $19.818. En junio, esta prestación aumentó a $28.039 y se incrementará de forma mensual de acuerdo al índice de movilidad. Con esta iniciativa se busca fomentar los controles de salud, vacunación y garantizar el apoyo alimentario a través de la provisión de leche y otros alimentos saludables”, agregan.

El capítulo dedicado a las políticas públicas habla más de las medidas que se tomaron en 2024 que lo que se hará con respecto a 2025. Vale mencionar que este presupuesto contempla que las funciones presupuestarias más desfinanciadas son aquellas que impactan directamente en el corazón de la clase media trabajadora, como el transporte, la vivienda y el agua potable; o que afectan al crecimiento económico, como la industria, la actividad agropecuaria, el comercio y la propia función del trabajo.

Por otra parte, el Gobierno volvió a cuestionar el programa “Potenciar Trabajo”, una iniciativa que se creó en marzo de 2020 durante la gestión de Alberto Fernández y que tenía a 1,2 millones de beneficiarios que recibían la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil a cambio de brindar una contraprestación al Estado. “Demostró ser ineficaz para lograr la inserción laboral a la vez que el esquema de intermediarios favorecía las irregularidades en su implementación”, cuestionan desde el oficialismo. 

El programa Potenciar Trabajo fue reformulado en marzo de este año con la eliminación de 300 unidades de gestión por decisión del Ministerio de Capital Humano. Esta iniciativa fue dividida en dos nuevos planes: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Según el Gobierno, las Unidades de Gestión implicaban al Estado un desembolso de alrededor de US$ 34 millones al año.

“El programa Volver al Trabajo, está dirigido a hombres y mujeres de entre 18 y 49 años, con la finalidad de desarrollar y consolidar un nivel de competencias socio-laborales que les permitan alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral. Por su parte, a través del Acompañamiento Social, se busca promover la inclusión social y la mejora de las condiciones de vida de los hogares con mayor grado de exclusión y vulnerabilidad social, apuntando a fortalecer su núcleo familiar y la comunidad en donde viven, bregando en ambos programas porque el dinero llegue allí donde más se necesita evitando todo tipo de intermediación”, explican en el proyecto de Presupuesto 2025.

“Para el año 2025 se prevé continuar con la política de déficit cero, fortaleciendo la eficacia y eficiencia del gasto público, haciendo énfasis en la reducción del gasto político para dar prioridad al sostenimiento de ingresos de los sectores de mayor vulnerabilidad”, agregaron.

Este cruce en el Presupuesto 2024 se suma a la denuncia que presentó el Ministerio de Capital Humano contra el mecanismo de entrega de alimentos a “comedores fantasma” administrados por movimientos sociales y piqueteros. De hecho, este lunes el Gobierno presentó remitos de salida y expedientes a través de los que se dejaba constancia de la entrega de mercadería que aparentemente no llegaría a ningún comedor.