El gobierno del presidente Javier Milei consideró que el intento de golpe de Estado ocurrido la semana pasada en Bolivia fue “una falsa denuncia” realizada por la administración de Luis Arce. De esta forma, la gestión libertaria se alineó insólitamente con el exmandatario de la nación del antiplano, Evo Morales, quien mantiene desde hace meses una dura interna con el actual jefe del Estado Plurinacional. En este contexto, Evo acusó a Arce de haberle “mentido y engañado al pueblo boliviano y al mundo. Por su parte, el Ejecutivo del país vecino rechazó en un duro comunicado “enérgicamente" las declaraciones de Milei, al calificarlas de "inamistosas y temerarias”.             

Por medio de un comunicado difundido anoche a última hora, la Casa Rosada se alineó al exmandatario Evo Morales, quien afirmó que el alzamiento militar encabezado el miércoles pasado por el jefe del Ejército, Juan José Zúniga, se trató de una “falsa” asonada, que concluyó con la destitución y la detención de ese militar. Para el Ejecutivo de Milei, el levantamiento castrense contra el gobierno de Arce se trató de “un autogolpe”.    

En la mañana de hoy, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia salió a responderle. En el comunicado, rechazó “enérgicamente las inamistosas y temerarias declaraciones vertidas por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), en su comunicado de fecha 30 de junio, en referencia al golpe de Estado militar fallido ocurrido el 26 de junio de 2024, con la participación de un grupo de militares insubordinados que cercaron el Palacio de Gobierno de Bolivia, derribando el ingreso e intentando tomar el poder por las armas”.

Milei y el comunicado de su oficina

“La Oficina del Presidente repudia la falsa denuncia de golpe de Estado realizada por el gobierno de Bolivia el día miércoles 26 de junio, y confirmada como fraudulenta en el día de la fecha”, señaló el área de comunicación del jefe de Estado.

Y fundamentó su postura en “reportes de inteligencia”, que el permitieron al Gobierno Nacional mantener “la calma y la serenidad frente a los hechos denunciados”, al referirse a la negativa de su administración a condenar con énfasis la intentona de Zúniga.

“El relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto socio-político del país latinoamericano. El partido político gobernante controla el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas”, fundamentó la comunicación.

Se agregó que “en este momento, Bolivia tiene más de 200 presos políticos, incluida la ex Presidenta interina Jeanine Áñez Chávez y el Gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho Vaca”, afirmó.

Milei acusó a Arce de "orquestar" un golpe y el Gobierno del país vecino emitió un duro comunicado

El conflicto

Zuñiga llegó con tanques y hombres armados a la sede del Ejecutivo de Bolivia en la ciudad de La Paz, ahí dijo que quería “cambiar el gabinete de Gobierno” y “restablecer” la democracia, después de algunas horas de tensión se replegó para ser capturado posteriormente.

El sábado, un juez lo mandó a prisión preventiva por seis meses por el “intento de golpe de Estado”.

“La República Argentina espera que prevalezca la democracia que hace años está siendo atacada en el Estado Plurinacional de Bolivia, e insta a las fuerzas políticas de ese país a garantizar el Estado de Derecho en su territorio”, subrayó el Gobierno.

No obstante, el Gobierno argentino evaluó que “la democracia boliviana está en peligro”. “No por un golpe militar, sino porque históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras. Sobran ejemplos: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte”, apuntó al exhibir un evidente sesgo ideológico.

Lo llamativo es que horas antes, el expresidente y fundador del MAS, Evo Morales, afirmó que “el presidente Luis Arce engañó y mintió al pueblo boliviano y al mundo”.

“Es lamentable que se use un tema tan sensible como la denuncia de un golpe. Frente a esa realidad, debo pedir disculpas a la comunidad internacional por la alarma generada y agradecer por su solidaridad con nuestro país”, señaló Evo a través de un mensaje publicado ayer en su cuenta oficial de la red social Twitter

En esa línea, Morales aseguró que “es importante que una investigación completa e independiente demuestre la verdad de este hecho”.

Arce asegura haber sofocado el golpe militar, mientras los seguidores de Evo Morales y de sectores opositores estiman que los sucesos de la semana pasada fueron “un show político”, destinado a victimizar al actual mandatario en un momento en el cual la economía de Bolivia atraviesa un momento crítico, con falta de dólares y problemas con el abastecimiento de combustibles.

En esta coyuntura, sectores alineados con Morales plantean que el líder del MAS se encuentra habilitado para presentarse a las elecciones del año próximo, algo que varios sectores objetan, al argumentar que la Constitución permite sólo dos mandatos presidenciales, un requisito que Evo tiene cumplido.

La postura oficial de Bolivia

“Bolivia ha decidido soberanamente vivir en democracia, con características interculturales, por lo cual defenderla ante cualquier acto militar que amenace con tanques de guerra y militares armados al Gobierno constituidofe por el voto del pueblo, es claramente un golpe de Estado”, señalaron desde la cancillería Boliviana.

El gobierno de Arce lamentó que “intereses políticos internos y externos, que ya participaron activamente en el 2019 en la ruptura del orden constitucional, incluso a través del envío de municiones, una vez más intenten amenazar la estabilidad y la institucionalidad del Estado Plurinacional boliviano”.

De esta forma, el Ejecutivo que encabeza Arce recordó el caso de contrabando de pertrechos represivos que llegaron a ese país desde Argentina, en noviembre de 2019, cuando se consolidaba el golpe de Estado que Jeanine Áñez había encabezado contra Evo Morales.

El gobierno de Mauricio Macri fletó en esos días en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina un lote con postas de goma, granadas de gases y materiales químicos que habrían sido utilizados por las fuerzas militares y policiales que protestaban contra el régimen golpista que se había instalado.

En Argentina, el caso originó una causa por contrabando de armas que derivó en varias imputaciones para funcionarios del gobierno de Cambiemos, pero en la actualidad, la instrucción se encuentra paralizada. En cambio, en Bolivia, la investigación sigue abierta. Hubo condenas para funcionarios de la Cancillería local y exmilitares se encuentran procesados.       

Para la administración boliviana, “las desinformadas y tendenciosas aseveraciones, sobre una posible existencia de presos políticos, o la posibilidad de inexistencia de un golpe de Estado militar fallido, constituyen un exceso y un negacionismo inaceptable”. 

“Invitamos a informarse y actuar en el marco de los principios de respeto a la soberanía y no intervención en asuntos internos de otros estados, de conformidad a la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional”, se remarcó.

El oficialismo boliviano se pronunció en favor de una “convivencia pacífica y la hermandad entre los pueblos” de la región. “Nunca debe ser perturbada por intereses mezquinos e ideologías fascistas. La amistad boliviana-argentina es histórica, por lo cual agradecemos las miles de voces desde Argentina condenando el golpe de Estado militar fallido en Bolivia, así como expresando su solidaridad y apoyo al Gobierno boliviano. Nuestra respuesta a los golpes de Estado y planes de desestabilización, siempre será con más pueblo organizado, más derechos, más memoria, más verdad, más justicia, más democracia participativa, intercultural y comunitaria para nuestra población”, se puntualizó en el documento difundido por la Cancillería boliviana.