El Departamento de Justicia del gobierno de los Estados Unidos presentó un escrito en el que le pide a la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, rechazar la solicitud de los fondos Burford y Eton Capital de quedarse con activos de YPF para cobrar el fallo en el juicio por la expropiación de la petrolera que obliga a la Argentina a pagar US$ 16.000 millones.

La noticia se conoció el mismo día en que Donald Trump fue anunciado como ganador de las elecciones presidenciales y aunque podría interpretarse como un gesto del presidente electo, lo cierto es que hasta el 20 de enero el presidente sigue siendo el demócrata Joe Biden.

Según informó el gobierno argentino, el Departamento de Justicia hizo presentaciones idénticas en dos juicios ante la Corte de Distrito de Nueva York en los que Argentina es demandada, el primero es "Petersen/Eton Park vs. Argentina", originado en la expropiación de YPF y el segundo es "Bainbridge vs. Argentina", en relación  a los bonos emitidos antes de la crisis del 2001 que sus tenedores eligieron no  canjear en las reestructuraciones ofrecidas por Argentina en los años 2005, 2010 y 2016.  

En ambos casos los demandantes, Burford por Petersen y Eton Park y Bainbridge, pidieron a la Corte de Distrito que ordene a la Argentina a trasladar al estado de Nueva York las acciones de YPF S.A. que son propiedad de la Nación para proceder luego a su venta forzada y usar el producido para satisfacer las sentencias.  

En este contexto el Departamento de Justicia de Estados Unidos le expresó a la Corte de Distrito que hacer lugar al pedido de las demandantes sería contrario a la ley americana y tendría repercusiones adversas para la política exterior del gobierno de los Estados Unidos.

Según el Departamento de Justicia, bajo la ley de los Estados Unidos, la regla general es que la propiedad de un soberano ubicada fuera de los Estados Unidos goza de inmunidad absoluta.

Además, sostuvo que hacer lugar al pedido de las demandantes generaría un riesgo (adverso) de reciprocidad por gobiernos y cortes extranjeras con respecto a propiedades del gobierno de los Estados Unidos, con serias repercusiones para la política exterior.

“La manifestación clara y contundente del Departamento de Justicia respalda la oposición de la República Argentina a las medidas pedidas por las demandantes. Por su parte, la República Argentina continuará ejercitando sus derechos de defensa para revertir la decisión de la Corte de Distrito sobre el fondo de la cuestión”, informó el gobierno.

Los fondos Burford y Eton Capital, quienes ganaron el juicio por la expropiación de YPF, ocurrida en 2012, en primera instancia, solicitaron que la Argentina entregue un tercio de las acciones de YPF como garantía de pago de la sentencia, mientras que ocurre en forma paralela el proceso de apelación en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. 

La defensa argentina se negó y los demandantes comenzaron un proceso para detectar activos que puedan ser embargados. En este contexto, la Procuración del Tesoro se puso en contacto con el gobierno de Joe Biden para ponerlo al tanto del juicio y explicar las posibles implicancias de que un juez federal de Estados Unidos solicite el embargo de activos que están en otra jurisdicción.