Es oficial: el Presidente da marcha atrás con la intervención de Vicentin
Alberto Fernández anuló el DNU que intervenía por sesenta días la empresa, a ocho días de su vencimiento. Denuncia que hubo complicidad entre la Justicia de Reconquista y el directorio de la firma que impidió conocer el pasivo real del holding.
“Que se arreglen solos”, así de escueto es el comentario emanado de la quinta presidencial y que confirma la derogación del DNU 522/2020 por el cual se ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días y que anticipaba el proyecto de expropiación.
Este anuncio se da tras la decisión de la Justicia de Reconquista de rechazar la intervención federal y la creación de un fideicomiso mixto. "En este marco de negociación institucional ante el juez es un capítulo cerrado", había declarado el secretario de Justicia del Gobierno de Santa Fe, Gabriel Somaglia.
Hace 52 días se publicó ese decreto -cuya vigencia vencía el sábado 8 de agosto- y, desde entonces, el camino transitado por el Gobierno ha sido espinoso. “El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”, denunció el Presidente vía Twitter, respecto a la tarea del juez de Reconquista, Fabián Lorenzini.
“El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”, agregó Fernández.
El Presidente sostiene que estos sesenta días de intervención tenían como objetivo conocer en profundidad “las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído”, pero que Lorenzini ha impedido ese proceder. El jueves fracasó el último intento de negociar la salida del directorio y la creación del fideicomiso mixto que había propuesto el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, en consenso con el Gobierno Nacional.
“En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, tuiteó Alberto en un extenso hilo de twitter. Data Clave pudo averiguar en diálogo con altos funcionarios de Gobierno que, avanzar en la expropiación de Vicentín, era una medida a contramano de lo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, declaraba en los diversos foros en los que defiende su propuesta para la renegociación de la deuda.
Estos 52 días desde la publicación del decreto, que recibió una fuerte crítica opositora y que motivó diversos banderazos, fueron un indicio para el Gobierno de las dificultades para avanzar en esta empresa. Por ello, la salida decorosa es la de derogar el DNU pero continuar con la investigación -a través de la Sigen y del Banco Nación- respecto al desfalco de la firma.
Desde la quinta presidencial relatan que rescatar la empresa es “inviable”, en parte, por la sociedad que se construyó entre la Justicia local y el directorio de Vicentín.