El acuerdo logrado entre oficialismo y oposición permitió que el proyecto fuera puesto en discusión aún sin haber firmado el dictamen de comisión. En la previa, los bloques se pusieron de acuerdo para tratar el proyecto sobre tablas, es decir, con el aval de los dos tercios de los diputados presentes.

En el inicio del debate, el presidente de la comisión donde comenzó el tratamiento, Rodolfo Tailhade (Frente de Todos-Bs. As.) aseguró que el proyecto "aportará desde la política una herramienta para que las empresas puedan tener un consuelo en esta crisis tan profundas". En este sentido, el legislador por Buenos Aires destacó la labor realizada junto a la oposición, remarcó el trabajo de Cambiemos y de los diputados José Luis Ramón y Graciela Camaño.

Tailhade compartí su tiempo con su par de bancada, Carlos Selva (Frente de Todos-Bs. As.) autor de uno de los proyectos que dio pie al dictamen consensuado. "Se debe dar previsibilidad a las empresas para que tengan el plazo de cobertura ,y por eso si bien se había propuesto hasta diciembre, se decidió extenderlo hasta el 31 de marzo", dijo.

Por su parte, el titular de la bancada PRO, Cristian Ritondo (Bs. As.) coincidió y agradeció al oficialismo y a la oposición por haber aceptado tratar el tema como complemento de la ley de moratoria. "Miles de empresas están en riesgo, y con ellos miles de puestos de trabajo; esta situación arruinó a muchos proyectos de vida, a empresas familiares de muchos años, que hoy están en una situación muy especial", dijo Ritondo.

También coincidió la diputada de Consenso Federal, Graciela Camaño (Bs. As.),que argumentó sobre la importancia de ley porque la pandemia afectará a todos “pero en especial a un sector que le tenemos que decirle que lo vamos a dejar solo en esta patriada, que son los empresarios argentinos, a los que tenemos que sostener".

En concreto, y sumando en el marco de una sesión que también incluye una ley para ampliar la moratoria, el proyecto de Ley de Emergencia para Concursos preventivos y de Quiebra consensuado suspende hasta el 31 de marzo de 2021 el cómputo de plazos procesales en todos los procesos regidos por la Ley de Concursos y Quiebras.

Puntualmente, en el caso de aquellos juicios que comiencen una vez que la ley ya esté en vigencia, el plazo que tendrá el juez es de 180 días pudiendo, a pedido del deudor, extenderlo por única vez en 60 días adicionales.