El responsable de Asuntos Internos durante el gobierno de Vidal, a juicio oral
Guillermo Berra quedó en la mira por montar una posible red de espionaje ilegal durante la administración Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.
La causa que investiga una posible red de espionaje ilegal que habría funcionado durante la administración de María Eugenia Vidal con base en la Auditoría General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad encabezada por mano Guillermo Berra, fue elevada a juicio este viernes luego de que el Juzgado de Garantías N° 1 de La Plata rechazara los pedidos de nulidad y sobreseimientos.
El juez Guillermo Atencio notificó a la fiscal Cecilia Corfield y a la defensa de Berra y la otra imputada, María Rosario Sardiña, que la causa fue elevada a juicio bajo la acusación de abuso de autoridad (dos hechos) en concurso real entre sí e ideal con Peculado. Resta sortear el Tribunal Oral Criminal que llevará adelante el juicio, con la mira puesta en el ex funcionario bonaerense.
La denuncia la inició el 20 de septiembre de 2016 un ex integrante de la cúpula de la Policía Bonaerense, Néstor Omar Martín, quien presentó en la justicia para indicar que lo habían investigado a él y a su grupo familiar de manera ilegal. La causa sumó otro hecho el 26 de noviembre de 2019 cuando denunciaron acciones de espionaje ilegal sobre integrantes del poder judicial, diputados, senadores, intendentes del conurbano y del interior de la Provincia, titulares de colegios profesionales y hasta al propio titular del entonces ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.
El proceso avanzó motorizado por la fiscal Cecilia Corfield, titular de la UFI N° 15 de La Plata, con allanamientos a la sede de Asuntos Internos en La Plata y el secuestro de material informático. Con las pruebas recolectadas el juez Atencio consideró pertinente elevar a juicio la causa.
La principal prueba contra el ex interventor de Asuntos Internos es la contratación de miles de informes de crédito -Nosis- y de tareas de seguimiento respecto de personal policial pero también sobre políticos, funcionarios y hasta miembros del Poder Judicial.
Como Asuntos Internos sólo puede investigar a policías, se consideró que esas operaciones, sobre objetivos civiles, constituían espionaje ilegal, a la usanza de Cambiemos.