El Gobierno nacional oficializó la decisión de no renovar los decretos 1040/20 y 70/23, que hasta ahora prohibían la exportación de chatarra metálica y residuos no ferrosos. La medida, anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado busca, según Sturzenegger,  incentivar el reciclaje, abrir mercados internacionales y beneficiar a empresas más pequeñas del sector.

"El presidente Javier Milei ha sido claro al señalar que el Estado no debe interferir arbitrariamente en los mercados. Decidimos no renovar estos decretos porque deprimían el precio local de los desechos y desincentivaban el reciclado", afirmó Sturzenegger en su cuenta de X (ex Twitter).

X de Fede Sturzenegger

Según el ministro, la prohibición perjudicaba a productores de residuos metálicos, en su mayoría pequeñas y medianas empresas (PyMEs), mientras favorecía a grandes procesadores locales. Además, señaló que la norma, introducida originalmente en 2009 como una medida transitoria, se renovó de forma recurrente durante las gestiones de Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández, transformándose en una restricción permanente.

El funcionario argumentó que la eliminación de la prohibición beneficiará a la economía al permitir que materiales como el cobre, aluminio y acero, descartados por sectores como el de las telecomunicaciones, sean valorizados en el exterior. Además, destacó que la apertura de mercados internacionales podría traducirse en nuevas oportunidades de ingreso de divisas.

Los decretos ahora caducados fueron implementados originalmente para garantizar el abastecimiento de materiales clave a la industria siderúrgica local. Según las normativas, Argentina enfrentaba dificultades estructurales para proveerse de chatarra de metales como hierro y acero, indispensables para la fabricación de acero en combinación con mineral de hierro.

Fuentes del gobierno anterior explicaron que esta política buscaba aumentar la oferta interna de metales básicos, reduciendo sus precios y fortaleciendo la competitividad de las empresas locales. Sin embargo, Sturzenegger sostuvo que esta lógica respondía a intereses de "lobby" y no a una visión de libre mercado.

"La eliminación de este tipo de medidas es un triunfo de la libertad sobre las presiones corporativas", afirmó el ministro, enfatizando la importancia de liberar al mercado de restricciones artificiales.

Desde el oficialismo, se señala que esta medida no solo estimulará el reciclaje, sino que también permitirá generar oportunidades económicas para PyMEs del sector, que ahora podrán exportar sus productos. Además, podría tener un impacto positivo en la balanza comercial, al convertir materiales descartados en una fuente de ingresos en dólares.

Sin embargo, algunos sectores expresaron preocupación respecto al impacto que la medida podría tener en los costos de las empresas metalúrgicas locales, que tradicionalmente dependen de insumos reciclados a precios competitivos.