El Gobierno Nacional eliminó la denominada “cuota de pantalla" para las proyecciones de películas del cine nacional y profundizó así la política de recortes de subsidios para financiar producciones locales, al aprobar la reglamentación de la Ley 11741 de Fomento de la actividad cinematográfica mediante un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial que lleva las firmas del presidente Javier Milei, la canciller Diana Mondino y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

De esta forma, mediante el Decreto 662/2024 se establece que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) será la Autoridad de Aplicación de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional y estará facultado para “dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación de la Reglamentación que se aprueba por el presente decreto”.

La cuota de pantalla era una herramienta que le permitía al INCAA garantizar el estreno de películas nacionales en las salas comerciales del país. Con esta normativa, las salas de proyección estaban obligadas a proyectar, como mínimo, una película nacional por pantalla por trimestre calendario.

En los fundamentos de la norma se indica que con esta iniciativa se “pretende dotar de eficiencia el funcionamiento del citado Organismo y la optimización de sus procesos administrativos, así como la racionalización de sus recursos, para el mejor ordenamiento y cumplimiento de sus fines”.

Se señala además que, en el 2000, el INCAA tenía una planta de empleados de aproximadamente 90 personas, “mientras que al momento de asumir la presente administración, la planta, con diferentes formas de contratación, ascendía a más de 900 agentes”, lo que para las autoridades constituye “un aumento desproporcionado” de la cantidad de empleados de la entidad que dificulta la asignación de recursos.

Para el Gobierno libertario, “el sistema de entrega de subsidios” del INCAA “ha demostrado ser obsoleto y alejado de los modelos exitosos existentes en otros países con fuertes industrias cinematográficas, por lo que debe ser modificado, modernizado y dotado de eficiencia”.

En consecuencia, se sostiene que “debe priorizarse el fomento a la industria cinematográfica, teniendo en cuenta la calidad y posibilidades de exhibición, audiencia y recuperación de los fondos otorgados, por sobre preferencias ideológicas”.

Por eso, según el criterio del Ejecutivo que encabeza Milei, “es necesario limitar el porcentaje del presupuesto que el INCAA destina a objetivos que no sean el fomento de la actividad cinematográfica”.

En el decreto se afirma que el INCAA “requiere de una profunda reestructuración a nivel operativo, de estructuras y de personal, que requerirá un proceso de aproximadamente un año hasta lograr limitar el gasto que no sea de fomento del cine, como se establece en el presente”.

Este fundamento está en línea con el recorte que la administración libertaria ejecuta en el instituto desde diciembre de 2023, con recortes presupuestarios y despidos de empleados.

La normativa indica que “la promoción de la industria del cine nacional se debe encarar promoviendo producciones de calidad, que sean exitosas en la taquilla y bien recibidas por el público general, y no imponiendo obligaciones de exhibición por parte de las salas”.

En base a ese criterio, se considera que “la fijación de la cuota de pantalla debe segmentarse de acuerdo a las características técnicas, estructura empresarial y de ubicación de las salas de exhibición”.

Además, se insta a “implementar un sistema que garantice que los seis representantes de las organizaciones del quehacer cinematográfico que integran el Consejo Asesor del mencionado Instituto representen fielmente a quienes tienen intervención activa en la referida temática”.