El Gobierno nacional conocía desde principios marzo la existencia y cantidad de alimentos que se almacenaban en los depósitos que el Ministerio de Capital Humano posee tanto en la localidad bonaerense de Villa Martelli como en Tafí Viejo, Tucumán. Así se desprende en una nota que Martín Huidobro, el exdirector de Asuntos Jurídicos de la cartera que encabeza Sandra Pettovello, le envió al juez del Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari, quien intervenía en una demanda presentada por la defensora de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, para que el Ejecutivo entregara comida a los comedores populares, algo que se había suspendido desde diciembre 2023.

En esta contestación, Capital Humano admitía que tenía contratos con el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidad (PNUD) y la Organización de Estados Americanos (OEI), que luego se utilizó para pagar sobresueldos a funcionarios de Capital Humano, como reveló una investigación de Data Clave   

Huidobro, quien ahora asumió como subsecretario de Trabajo, cursó una respuesta al juez donde afirmaba que su presentación tenía como como finalidad “neutralizar los argumentos falaces denunciados por la actora (La Defensoría de los Niños), quien peticiona una medida cautelar de manera absolutamente genérica lo cual trae aparejado que, de ser receptada, resultaría procesalmente irrevocable” porque afectaría los programas de alimentación que implementaba el Gobierno, que tenía frenado el suministro de alimentos.

En ese sentido, el letrado afirmaba que la demanda obedecía a cuestiones políticas que no especificaba y consignaba que al momento de presentación “la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano de la Nación cuenta con dos depósitos de guarda de alimentos, el primero se encuentra ubicado en la Localidad de Villa Martelli, y el segundo en la Localidad de Tafí Viejo, Provincia de Tucumán”.

“El estado general de los depósitos con el que comenzó la gestión es bueno aunque ameritan tareas de mantenimiento, mejoramiento y adecuación de estructuras y de procedimientos en el marco de un proceso continuo de prácticas de Higiene y Seguridad”, se asegura en aquella presentación que Capital Humano había efectuado ante la Justicia.

Se consignaba también que los alimentos que se encontraban en esos depósitos eran almacenados en cumplimiento de pautas de higiene y bromatología supervisado por la AMNAT y que su seguridad para el consumo humano estaba “garantizada”.

Seguidamente, se informa de los alimentos que se encontraban en los depósitos y que el Gobierno encontró en esos lugares el 10 de diciembre de 2023, tal como se reconoce en la respuesta de Capital Humano al fuero Contencioso Administrativo y Federal.

De esta forma, se adjuntaba una planilla en la cual se detallaba las cantidades de las mercaderías almacenadas. En Tafí Viejo habían máas de 15 mil kilos de azúcar, 10 mil de fideos, 25 mil de harina, 93 mil de garbanzos, 150 mil de yerba mate y 800 mil de leche en polvo, entre otras provisiones.

En tanto que en Villa Martelli se almacenaban 200 mil litros de aceite de soja y 130 mil de aceite de mezcla. También se guardaban por miles de kilos mercaderías en arroz, lentejas, leche en polvo, puré de tomate, yerba y harinas entre otras.

Además, se encontraban en ese lugar 92 mil kilos de pan dulce, que la cartera de Pettovello se había negado a entregar en las fiestas navideñas porque supuestamente se encentraban “en mal estado”. Algo que contradice la información que Huidobro le brindó a la Justicia en el pasado mes de marzo.

Pero no es la única contradicción que se revela en este documento. En enero pasado, el entonces ministro de Interior, Guillermo Francos, había asegurado en el Congreso que el Gobierno no disponía de alimentos ni de fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) porque la administración del expresidente Alberto Fernández “no había dejado nada”.

El mes pasado, el periodista Ari Lijalad presentó un pedido de información pública para que el Ejecutivo informara la cantidad de alimentos que disponía. La respuesta oficial fue similar a la entregada por Huidobro al juez Furnari.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció que los alimentos existían, pero que el Gobierno no los entregaba porque había detectado “comedores fantasmas”. Pero horas después, el secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo de la Torre aseguraba que los alimentos se acopiaban en los depósitos para distribuirlos en el caso de eventuales catástrofes climáticas.

No obstante, en otro pedido de información pública presentado por el mismo periodista, el Ejecutivo reconoció que muchos de esos alimentos estaban por vencer.

En medio de esta revelación, una investigación publicada por Data Clave informó que De la Torre había diseñado un sistema de contratación irregular entre Capital Humano y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), por el cual se pagaban sobresueldos. La cartera de Pettovello denunció al funcionario ante la Justicia y el Secretario de Niñez y Adolescencia debió dejar su cargo.

En la misiva presentada por Huidobro, se admite además que Capital Humano firmó “un convenio por 20 mil millones de pesos para la compra de 5 millones de unidades de alimentos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)”. Esa era la base de la maniobra elabora por De la Torre.

En paralelo, Casanello le ordenó al Gobierno elaborar un plan para distribuir alimentos, pero Pettovello apeló ante la Cámara Federal porteña, que ratificó la decisión de la primera instancia.

En consecuencia, Capital Humano inició una distribución de los alimentos que delegó en la fundación Conín, que dirige el médico Abel Albino, quien se manifestó contrario a la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).