El Gobierno avanza con el traslado del Ministerio de Justicia a la ex-ESMA entre ajustes y polémicas
En el marco del plan de reducción del gasto público, la administración de Javier Milei reanuda obras en la ex-ESMA para trasladar áreas del Ministerio de Justicia. Las medidas, que incluyen despidos y cierres, generan críticas y resistencia en sectores de derechos humanos y cultura.
El Gobierno Nacional, liderado por Javier Milei, reimpulsa el proyecto de trasladar parte del Ministerio de Justicia al emblemático edificio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ex-ESMA), donde actualmente funcionan dependencias de la Secretaría de Derechos Humanos. Este movimiento forma parte de un programa más amplio de ajuste presupuestario que busca reducir la estructura estatal y recortar gastos en áreas consideradas no prioritarias por la gestión actual.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió la iniciativa al afirmar en redes sociales que “se terminó el verso del género” y justificó los recortes como una medida para combatir el despilfarro. En su cuenta de X, subrayó que las decisiones responden a directivas del presidente y aseguró que el cierre de ministerios como el de la Mujer permitió un ahorro significativo. “Aplicamos la máxima de ser implacables con los violentos para que les caiga todo el peso de la ley”, señaló.
Durante el primer año de gestión de Cúneo Libarona, el Ministerio de Justicia redujo un 37 % su planta de personal y eliminó 51 unidades organizativas, lo que, según cifras oficiales, representó un ahorro mensual de 820 millones de pesos. Además, se suprimieron dependencias como el INADI y se desmanteló el Ministerio de la Mujer, dejando solo un 10 % de su estructura original.
En paralelo, se transfirieron inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y se anticipa el cierre de 33 edificios adicionales donde operaban Centros de Acceso a la Justicia, entre ellos el ubicado en Tandanor, que también será trasladado al predio de la ex-ESMA.
El ajuste también alcanzó al Centro Cultural Haroldo Conti, que funcionaba en el predio de la ex-ESMA. La Secretaría de Derechos Humanos, encabezada por Alberto Baños, notificó por WhatsApp a unos 90 empleados sobre su puesta en "guardia pasiva", lo que implica la interrupción de sus funciones. Solo 20 de los trabajadores, aquellos con planta permanente, serán reubicados.
Esta decisión generó una fuerte reacción en la comunidad cultural y en organismos de derechos humanos. Durante el fin de semana, se llevaron a cabo actividades de protesta, como una misa organizada por el padre Lorenzo “Toto” de Vedia y un festival en apoyo a los empleados despedidos. “Que la memoria arda, que la historia continúa, que el Conti sigue en pie”, rezaba la convocatoria.
La ex-ESMA, un espacio simbólico en la memoria colectiva por haber sido un centro clandestino de detención durante la dictadura militar, fue inaugurada en 2019 como sede del Ministerio de Justicia durante la gestión de Mauricio Macri. El edificio, bautizado como Presidente Raúl Alfonsín, fue concebido para transformar un lugar de tortura en un centro cívico. Ahora, bajo la administración Milei, el proyecto se retoma, pero en un contexto marcado por ajustes y descontento social.
Según trascendió, fuentes del Ministerio adelantaron que los próximos pasos incluyen reubicar áreas estratégicas en otras oficinas del Gobierno: el área de inteligencia artificial se trasladará a 25 de Mayo y las líneas de atención telefónica para víctimas de violencia se mudarán a Paseo Colón. Estas decisiones buscan centralizar funciones y optimizar recursos, aunque generan tensiones en el personal afectado.