El dilema de las tomas en La Plata: entre el delito, la necesidad y la responsabilidad del Estado

Uno de los temas que se deben resolver con mayor urgencia en el país -entre tantos otros- es el del déficit habitacional. En criollo, la gente no tiene dónde vivir. Al menos una buena porción de la sociedad lo hace en una vivienda precaria, sin acceso a los servicios básicos. “La necesidad tiene cara de hereje”, reza el refrán y no se equivoca, aunque eso no habilita la usurpación ni justifica los delitos. Sí, de alguna manera, explica el complejo cuadro de situación.

En este escenario, la provincia de Buenos Aires vuelve a quedar en el centro ya que es la una de las regiones de mayor densidad poblacional del país, luego de CABA y Tucumán. Este dato se ve atravesado por la crisis que arrastra el país desde hace años y que la pandemia del coronavirus agravó. Si bien hay algunos indicios de reactivación, las falencias estructurales persisten. 

Data Clave dio cuenta meses atrás de la gravedad del caso de las tomas en La Plata, que tuvieron un pico de tensión en los últimos días con el fallo del juez Alejo Ramos Padilla. La Justicia Federal exhortó a urbanizar un barrio popular constituido de manera irregular en la capital bonaerense. El magistrado consideró que no hubo delito en el ingreso de familias al predio en Los Hornos y requirió a las áreas competentes del Estado nacional, provincial y local a avanzar en la mejora de la zona.

Según los últimos relevamientos, la capital de la provincia de Buenos Aires es el punto geográfico de mayor ocupación ilegal de tierras: 250 hectáreas que involucran a más de 40 “tomas activas”. La mayor de ella está ubicada en la localidad de Los Hornos, en el ex Club de Planeadores. Allí viven 2.600 personas. En ese distrito hay 260 asentamientos compuestos por unas 200.000 personas, el mayor registro del territorio bonaerense.

Pero la decisión de Ramos Padilla es la punta del iceberg. Lejos de iniciarse, los problemas en la ciudad de las diagonales vienen desde hace tiempo. Y como en cada interacción entre poderes de signos políticos contrapuestos, los cortocircuitos están a la orden del día. La resolución judicial podría ser un puntapié para retomar las conversaciones entre las partes, pero hasta la fecha, no hay puntos de encuentro.

Como en la mayoría de los casos, las suspicacias electorales se cuelan en la discusión y empantanan el terreno. Fuentes del gobierno provincial señalaron a Data Clave que hay una intencionalidad política del municipio en buscar el desalojo, ya que cuando ocurrió lo propio en la toma de Guernica, fue bien visto en la sociedad. Vaya sorpresa, desde la comuna creen lo mismo de la administración bonaerense. Ambos aseguran que el otro busca sacar ventaja de la situación y que incluso la alienta. Parafraseando a Charly García, difícil que lleguen a ponerse de acuerdo.

“La única gente que está trabajando en el predio es de Provincia”

Desde calle 6 entre 51 y 53 remarcan que el gobierno de Axel Kicillof (FdT) nunca dejó su puesto de trabajo en pos de urbanizar la toma. En efecto, apuntan los cañones contra el municipio que comanda Julio Garro (PRO). Creen que solo buscan el desalojo porque suma votos y por eso abandonaron el compromiso de urbanización pactado. 

“El ministerio cumplió el convenio y sigue trabajando. La municipalidad también tiene responsabilidades y las abandonó. Algunas de trabajo territorial y otras de orden normativo. Tiene que aprobar algunas metodologías de trabajo. Hay urbanización, se está trabajando. Hay luminarias, agua, calles dibujadas. El municipio desapareció”, apuntó una fuente cercana al equipo de trabajo del titular de la cartera de Desarrollo bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque.

Desde Provincia sostienen que se está llevando adelante un proyecto que se había acordado con la municipalidad en base a una iniciativa de la Universidad Nacional de La Plata. Y está aprobado por un juez. “Se está avanzando, en base a los recursos y la velocidad que se tiene”, remarcaron. 

En el juego de las acusaciones cruzadas, en Gobierno sospechan que el propio intendente que insta al desalojo no controla el ingreso de nuevos ocupantes a las tierras. Reconocen la presencia de malvivientes en la toma, pero deciden seguir trabajando en la zona para subsanar las necesidades. 

“La municipalidad no se borró, Provincia violó el acuerdo”

“Más allá del fallo que es tremendo, el problema es el origen. El acto de ocupar es un delito. A partir de la toma se desatan hechos de violencia y delincuencia. Los vecinos son víctimas de aprietes. Hace unos días un móvil de TV fue amenazado mientras cubrían la noticia. El juez no hizo caso alguno de todas las denuncias que hicimos. Desde el día 1 denunciamos la venta ilegal de lotes, que se sigue haciendo”, apuntó a este medio la secretaria de Planeamiento Urbano de La Plata, María Botta.

Respecto de la negativa del municipio a trabajar en la toma, la funcionaria aclaró: “en una reunión entre funcionarios de los tres niveles se acordó que el censo de 168 familias era definitivo y no se iba a permitir entrar más gente. Ya urbanizar con personas adentro es muy complicado. Es muy difícil construir con la gente ahí. A las pocas semanas siguieron censando, por lo que se rompió el acuerdo. Ahí ingresaron como 700 familias más y ocuparon todo el predio con casillas. Esa fue una decisión de Provincia que violó el acuerdo firmado con el municipio”.

Y disparó: “yo estuve en esa reunión, no me la contó nadie. Había ex concejales, actuales diputados. Se desmadró de gente y se ocupó todo el predio, por lo que no se puede llevar a cabo el proyecto de urbanización. No se puede hacer nada. Ellos nos convocaron a hablar con los punteros y nosotros con ellos no vamos a hablar nada. Son los mismos que amenazan a los vecinos. No nos vamos a sentar con delincuentes”.

En cuanto a las repercusiones del fallo de Padilla, Botta manifestó que “No tuvimos ninguna novedad ni de Provincia y Nación respecto del fallo. No salieron muy fuerte a marcar su postura. En declaraciones de archivo, siempre el gobierno provincial catalogó las tomas como actos ilegales”.

En la misma sintonía, la secretaria de Planeamiento subrayó: “Garro aceptaría el desalojo de las áreas inundables como algo básico. Es respetar el proyecto urbanístico que nosotros firmamos. Yo lo presenté y lo expliqué. Pero no coincide con lo que está hoy. La ocupación hoy está por encima de lo previsto en el proyecto y lo que marca la ley provincial”. Y añadió: “Ahora tiene que intervenir la Justicia. Primero ellos van a tener que apelar para demostrar la intención de querer urbanizar seriamente”. 

“Después del fallo de Ramos Padilla hubo 2 intentos de toma. Uno el 9 de abril en Barrio Aeropuerto y el otro el 15 en Los Hornos. Y fueron los propios vecinos los que alertaron. En los últimos dos años desactivamos 40 intentos de tomas. Las pruebas son los hechos. Acá nos conocemos todos. Y si ves cómo se fueron armando las tomas, el modus operandi es evidente. Cuando no pueden ganar con voto legítimos, en La Plata alientan la toma de tierras y usurpaciones. Tenemos registrado que la gente no era de acá”, sentenció.