Diputados de Carrió presentaron en el Congreso el pedido de juicio político a Cristina Kirchner
Los legisladores de la Coalición Cívica formalizaron este jueves la presentación. Lo habían anunciado días atrás. Acusan a la vicepresidente por “mal desempeño y la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”.
Los diputados de la Coalición Cívica, que responden a Elisa Carrió, presentaron oficialmente este jueves en el Congreso el pedido de juicio político a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por “mal desempeño y la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”.
Los legisladores y la propia Carrió apuntan a la última carta de la vicepresidenta donde marca grandes diferencias con el Poder Judicial. De hecho gran parte de su escrito apunta a este polo y lo acusa de ser el poder que actualmente peor funcionamiento en Argentina.
En la presentación, firmada por Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic, entre otros, manifiestan que la vicepresidenta “ha desarrollado un conjunto de maniobras que tienen por objeto atentar contra la independencia del Poder Judicial de la Nación y someterlo a sus intereses personales y políticos, menoscabando su normal funcionamiento”. En el mismo párrafo, agregan que a su entender “configura un avasallamiento al Poder Judicial y, por lo tanto, una grave alteración del orden constitucional”.
Entre otro de los puntos, argumentan que “el mencionado plan de impunidad comenzó con la desarticulación del régimen de protección de testigos e imputados colaboradores -ejecutado al poco tiempo de haber asumido las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo-, con la presentación como amicus curiae de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tendiente a solicitar la liberación de Ricardo Jaime y Martín Báez y, luego, con el desistimiento por parte de la Oficina Anticorrupción de todas las querellas existentes en causas de corrupción”.
El espacio de Carrió hizo hincapié en siete puntos: vulnerar el sistema de protección de testigos; liberar a funcionarios implicados en hechos de corrupción; desistir del rol de querellante de la Oficina Anticorrupción; las reformas legislativas (entre ella la judicial y de Ministerio Público Fiscal); la “destitución encubierta” de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli; la violación a la independencia del Ministerio Público; y su última carta abierta ejerciendo presión sobre la Corte Suprema.
Entre las conclusiones, manifiestan que “en un Estado constitucional y democrático el gobierno debe actuar dentro del marco de la legalidad vigente y rendir cuentas a los ciudadanos sobre el manejo de los recursos públicos y la administración del gasto. La responsabilidad de los funcionarios públicos es una pieza fundamental del sistema republicano”.
Y por último, esgrimieron: “Resulta evidente que de los antecedentes expuestos en la presente fundamentación, existen robustos argumentos para solicitar el inicio del procedimiento de juicio político a la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, en su carácter de vicepresidente de la Nación”.
