La continuidad del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), una herramienta fundamental que permitió que más de un centenar de personas nacidas en cautiverio en los centros clandestinos de detención de la última dictadura militar, quedó en riesgo hoy tras la aprobación en particular del artículo 1 de la Ley Bases, que autoriza al Gobierno a eliminar o fusionar organismos públicos.

En el recinto, este capítulo de la normativa que impulsa el gobierno obtuvo 134 votos favorables, 117 en contra y una solitaria abstención. De esta forma se establece que el Gobierno podrá cerrar, fusionar o transferir organismos del Estado, pero no podrá alterar la continuidad de instituciones como el CONICET, ANMAT, INCAA, ENACOM, CONAE CVN e Incucai. Sin embargo, no se establece en el proyecto de la Ley Bases que recibió media sanción en la Cámara baja, ninguna prerrogativa que resguarde la continuidad del BNDG, el Senasa o el INTI, entre otros.

El fin de semana pasado, el Comité Nacional de la UCR emitió una declaración en la cual pedía salvaguardar a esta entidad creada en 1987 por impulso del Gobierno del presidente Raúl Alfonsín. “Entre los organismos sujetos a potencial disolución por parte del Poder Ejecutivo Nacional se encuentra el BNDG. Así surge del dictamen de mayoría de la Ley Bases, que en su artículo 3 no explicita la situación futura del Banco, poniendo en riesgo su existencia”, señaló un comunicado de la conducción del partido centenario que encabeza el senador nacional Martín Lousteau.

Pero hoy, en forma mayoritaria, la bancada del radicalismo en Diputados acompaño la votación en particular de los artículos de la Reforma del Estado de la Ley Bases que habilitan a la posible disolución del BNDG.

La institución resultó vital para apoyar el trabajo que desde hace décadas realizan Abuelas de Plaza de Mayo para posibilitar que las personas que fueron apropiadas por los agentes del Terrorismo de Estado recuperaran identidades que habían sido fraguadas en el contexto de la represión ilegal.

El 20 de febrero de 1986, Alfonsín recibió a Estela de Carlotto, Rosa Roisinblit e Isabel “Chicha” Mariani, tres integrantes referenciales de Abuelas, quienes le solicitaron al Jefe de Estado que enviara un proyecto al Congreso con el propósito de darles validez legal a los análisis genéticos que se hacían en el Hospital Durand para identificar a los chicos que habían sido tomados como auténticos botines de guerra por parte de los agentes del terrorismo de Estado.

Un año después, el Congreso aprobó la creación del BNDG a través de la ley 23.511. La entidad viene contribuyendo a la identificación de más de un centenar de niños y niñas nacidos en cautiverio.

En 2009, se aprobó la ley 26.548 que le daba el carácter de organismo autónomo y autárquico dentro de la órbita del entonces Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Antes del debate, referentes de la oposición y de los organismos de derechos humanos veían con preocupación la posibilidad de que se cerrara o disolviera esta institución. Voceros parlamentarios de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO aseguraron que su intención no era propiciar la disolución del BNDG, pero la posibilidad quedó abierta, sobre todo en el contexto de un Gobierno que posee una mirada “negacionista” sobre los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en la última dictadura.

El presidente Javier Milei niega cada vez que puede el número de los 30 mil desaparecidos y la vicepresidenta Victoria Villarruel tiene desde hace años aceitados vínculos con represores y genocidas condenados por delitos de lesa humanidad.

En los últimos meses, el gobierno dio pasos concretos para menoscabar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en relación a los crímenes de la última dictadura que se edificaron en los últimos 20 años, y que tuvieron a la recuperación de la identidad de los niños nacidos en cautiverio como uno de sus pilares.

El Ministerio de Defensa, encabezado por Luis Petri, disolvió el mes pasado equipos de investigación que analizaban los archivos de las Fuerzas Armadas y realizaban aportes proactivos en las causas de lesa humanidad.

En esa línea, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, dejó caer ofrecimientos de recompensas para dar con los paraderos de una veintena de acusados por delitos de lesa humanidad que se encuentran en situación de prófugos.

Por si fuera poco, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que el Estado suspendía los pagos de las indemnizaciones para las víctimas del terrorismo de Estado, en función de irregularidades detectadas en una sola causa, y que habían sido denunciadas por la Secretaría de Derechos Humanos durante el gobierno de Alberto Fernández.         

Con estos antecedentes, resulta poco creíble que el Gobierno libertario se preocupe por garantizar el trabajo del BNDG, que permitió que más de 130 nietos recobraran sus identidades gracias a las búsquedas e investigaciones realizadas por Abuelas.