Dictaminan que solicitar datos sobre las mascotas de Milei es una intromisión a su vida personal

La Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra, determinó que el presidente Javier Milei no utilizó fondos públicos para la construcción de los caniles de sus perros en la Quinta de Olivos. Asimismo, el procurador exhortó a respetar los límites del acceso a la información sobre la vida privada del mandatario. 

La resolución señala que la consulta deriva en las “numerosas peticiones dirigidas a conocer ciertos aspectos vinculados a las mascotas del Presidente de la Nación, tales como, la cantidad, raza, nombre, edad, marca y tipo del alimento que consumen, elementos destinados al cuidado y manutención, incluido su embellecimiento; información vinculada a su estadía en la residencia Presidencial -fecha de ingreso, profesionales afectados a su cuidado pasado y presente, entre otros-, y al origen de los fondos con los que se solventaron las obras destinadas a su alojamiento (caniles)". 

A su vez, Barra detalla que también es cierto que “el marco jurídico en el que el régimen en comentario se sustenta, da cuenta de que éste se enmarca en los principios de publicidad de los actos de gobierno y de transparencia de la gestión pública, lo que hace a un adecuado control, por parte de los interesados, de los actos de los gobernantes y las medidas públicas que afectan o impactan en la población”. A esto, destaca que hay que considerar el "marcado interés público o general que las medidas a difundir tienen por imperio de su propia naturaleza; relevancia que se extiende más allá de los actos y resoluciones de los órganos de la Administración, a sus fundamentos, documentos que les sirvan de sustento". 

Ante esto casos, el procurador del Tesoro señaló que las solicitudes son “pedidos que no involucran cuestiones públicas ligadas a la actividad estatal”. En este sentido, destaca que “el carácter público de la información, en los términos de la Ley de acceso a la información pública, no se identifica con el conocimiento público que de ella se tenga”.

En conclusión, Barra afirma que, en este caso, “la legislación respectiva no ampara la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando el pedido de información pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica” y agrega: “La banalidad misma de la cuestión impone no sólo el rechazo del pedido sino que debería mover a la reflexión acerca del gasto (material y personal) innecesario, inútil e intrascendente que, para el Tesoro, este tipo de solicitudes provoca”.

Las polémicas con los perros de Milei, de esta forma, se trasladaron al ámbito judicial. Dentro de Tribunales comienzan a hablar, de manera irónica, de una “Doctrina Conan”. Cabe recordar los cotidianos cruces que tuvo el vocero presidencial Manuel Adorni en las conferencias de prensa, cuando los periodistas presentes pedían información sobre las mascotas presidenciales. “Me parece una falta de respeto definir al presidente como una persona que habla con cosas que no existen. Te lo digo de verdad. Me parece una cuestión absolutamente irrespetuosa. Es meterse con su familia y me parece que tenemos que dejar de hablar de determinadas cuestiones”, llegó a decir Adorni durante la conferencia del pasado 25 de abril, cuando le preguntaban sobre la existencia o no de las mastines ingleses. 

El otro gran debate que se abre a partir de este dictamen es si realmente en cuestiones que involucran al presidente de la Nación y a sus actividades, existe la “privacidad”, porque no se habla de un caso médico, por ejemplo, donde en ese caso necesitaría el acceso a información, sino que es algo más relacionado con las funciones.