El senador nacional Edgardo Kueider solicitó una licencia en el Senado mientras enfrenta serios problemas judiciales en Paraguay. A través de una carta dirigida a la vicepresidenta Victoria Villarruel, el legislador peronista pidió formalmente apartarse de sus funciones en la Cámara Alta.

El pedido llega días después de que Kueider fuera detenido en el puente internacional de La Amistad, que conecta Paraguay con Brasil, con más de 200 mil dólares sin declarar. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) encontró el dinero oculto en su vehículo, lo que derivó en una imputación por lavado de activos y contrabando de divisas. Actualmente, permanece bajo arresto domiciliario en Asunción, mientras se desarrolla la investigación.

En Argentina, el escándalo reavivó viejas acusaciones contra el legislador. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) ya abrió una investigación preliminar para determinar si corresponde avanzar con una denuncia penal. Según fuentes judiciales, Kueider enfrenta acusaciones previas por enriquecimiento ilícito, tanto en la Justicia Federal de San Isidro como en los tribunales de su provincia natal, Entre Ríos.

Por otro lado, el bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP) tomó cartas en el asunto. Con el liderazgo de José Mayans, presentaron un proyecto para solicitar la remoción inmediata de Kueider. La iniciativa cuenta con el respaldo de varios referentes del espacio, como Mariano Recalce, Antonio Rodas, Eduardo “Wado” de Pedro y Juliana Di Tullio.

En un comunicado firmado el 6 de diciembre, el interbloque oficialista pidió que el Senado convoque una sesión especial el próximo 12 de diciembre. Según el texto, buscan debatir la expulsión de Kueider por "inhabilidad moral", una acusación que resonó con fuerza tras conocerse los detalles de su detención en Paraguay.

X de Senadores de UxP

Mientras tanto, las autoridades paraguayas avanzan con la causa y no descartan nuevas imputaciones contra el legislador argentino. En paralelo, en Argentina, los organismos fiscales y judiciales evalúan posibles vínculos entre los dólares incautados y un presunto esquema de lavado que podría involucrar a otras personas vinculadas al entorno político y empresarial de Kueider.