Denuncian a concejales de Mar del Plata por la instalación de un bar en el Faro de la Memoria
El polémico abogado César Sivo y organizaciones de Derechos Humanos presentaron una demanda contra 15 ediles y una empresa por presunta violación de normas.
En Mar del Plata, el controversial abogado César Sivo, junto a organizaciones de Derechos Humanos, presentó una denuncia penal contra 15 concejales de diversos bloques políticos, una sociedad de fomento y la empresa La Restinga, responsable de la instalación de un bar en un predio contiguo al Faro de la Memoria. El terreno, que fuera parte del Centro Clandestino de Detención EX ESIM durante la última dictadura, se encuentra en el centro de una fuerte controversia que divide a la ciudad.
Sivo, defensor del femicida de Lucía Pérez, acusó a los concejales de haber aprobado ilegalmente una ordenanza que permite la instalación de una destilería y bar de gin en una zona de gran valor simbólico para los derechos humanos. El abogado, que fue expulsado en 2021 de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) por haber representado a Offidani, ha generado polémica al encabezar esta nueva demanda.
El foco del conflicto es un predio en la Reserva Paseo Costanero Sur, donde se encuentra el Faro de la Memoria, un espacio dedicado al recuerdo de las víctimas de la dictadura militar. La zona fue utilizada por las Fuerzas de Tareas N° 6 de la Armada como parte de su estructura represiva, y la memoria histórica vinculada al lugar ha generado un rechazo por parte de familiares de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos ante la posibilidad de comercializar un espacio con tanto peso simbólico.
Sivo sostiene que la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante marplatense viola normativas que protegen este tipo de espacios, calificando la instalación del bar como un "acto administrativo inválido" que deberá ser anulado. Además, cuestiona la participación de la Sociedad de Fomento Faro Norte, que fue autorizada a hacer uso del sector y tercerizar su explotación a través de la empresa La Restinga, que ya comenzó los preparativos para la instalación del bar.
La denuncia ha sido acompañada por organizaciones como Surf Rider, Familiares de Detenidos Desaparecidos, H.I.J.O.S. y la Asociación de Ex Presos Políticos, quienes se sumaron a la conferencia de prensa en la que Sivo explicó los detalles de la presentación judicial. En su discurso, el abogado subrayó que “se han tomado decisiones que violan disposiciones legales” y advirtió que la pretensión es que se declare la nulidad de la ordenanza que habilitó el uso del predio.
El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, no tardó en responder a la denuncia. A través de su cuenta en X (antes Twitter), Montenegro criticó duramente a los organismos de derechos humanos, acusándolos de usar una causa legítima para "fines políticos". "¿Desde cuándo se denuncia a los representantes elegidos democráticamente solo porque no les gusta el resultado?", cuestionó el jefe comunal, agregando que la ciudad necesita inversión y desarrollo.
Conocido como “el Schoklender marplatense” por su perfil controvertido, Sivo se hizo nacionalmente conocido al asumir la defensa de Juan Pablo Offidani, condenado a 15 años de prisión por su rol como partícipe secundario en el femicidio de Lucía Pérez, un caso que conmocionó al país en 2016. Offidani fue hallado culpable de abuso sexual agravado y suministro de estupefacientes en concurso real con femicidio, pero la defensa de Sivo y su cuestionada estrategia legal generaron un fuerte rechazo social y dentro de la comunidad de derechos humanos.
Como consecuencia de su participación en este caso, Sivo fue apartado en 2021 de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Mar del Plata. La organización alegó que su defensa de Offidani era "incompatible" con los valores de los derechos humanos, remarcando que la decisión de expulsarlo fue "ética". Paradójicamente, Sivo se ha amparado en los mismos derechos humanos para formular esta denuncia en contra de los concejales, organizaciones y empresarios involucrados en el proyecto del bar, desatando una nueva controversia.
La disputa por el uso del predio sigue en escalada, enfrentando a quienes defienden la memoria de los espacios vinculados a la última dictadura con aquellos que apoyan la instalación del bar como parte de un plan de reactivación económica para la zona.