Leila Gianni es hoy la Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano. El 23 de enero de 2024 el Boletín Oficial publicó su nombramiento, y desde entonces es una de las colaboradoras más eficientes de la gestión de Sandra Pettovello. A Leila, en su nuevo rol, no le tiembla el pulso a la hora de recortar y anular medicación oncológica a enfermos terminales, comida para niños de la primera infancia, trabajo para ciento veinte mil personas, o el pase al ámbito privado de un edificio de todos los ciudadanos.

Hasta el viernes pasado, Pettovello tenía de ladero al renunciado Marcelo Basilotta y sus "monaguillos" (la especializadísima guardia pretoriana de muchachos sub-25 compuesta por un vendedor de pollos, un campeón de globología, un imprentero y un murguero que funcionaban como el grupo dedicado a investigar corrupciones dentro del ministerio), quien debió irse junto a sus "Basil-boys" luego de la publicación de una investigación de Data Clave. Todavía le queda la eficiente Leila.

Pero como todos, Leila tiene un pasado, y muy reciente, como fervorosa militante y funcionaria del kirchnerismo. La abogada de treinta y nueve años, trabaja en el Estado desde 2008, cuando dejó el estudio paterno en el que colaboraba y asumió como Asesora Legal en ANSES. De allí, saltó a Analista Administrativa de la Secretaría de Ambiente en 2012.

Con el cambio de gobierno, vino su primera voltereta.  En 2015 fue designada cómo Asesora legal Especializada de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Marcos Peña, donde estuvo hasta el final del gobierno macrista.

En 2020 se sumó a los nuevos vientos y retomó sus vínculos con el kirchnerismo. Fue nombrada Coordinadora de Asuntos Jurídicos del Centro Internacional para la Promoción de DD.HH., organismo perteneciente al Ministerio de Justicia.

En junio del 2022 fue designada Directora de Proyectos Ambientales de la Subsecretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Desarrollo, posiblemente por estar en pareja con Guido Veneziale, Director Nacional de Educación Ambiental en el mismo ministerio.

Veneziale militó, también, en la Agrupación Aires, donde estuvo Gianni, y que lidera el ex ministro de Medio Ambiente Juan Cabandié. Desde la Agrupación, Veneziale hizo trabajo barrial y social, y se muestra abiertamente en contra del gobierno que integra su pareja.

Leila “borró” prácticamente todo su “pasado digital”: no mantiene vigentes ninguna de sus redes sociales, donde antes de cerrarlas se podían ver sus fotos haciendo campaña por Sergio Massa, leyendo libros de Perón, mostrando sus tatuajes del abrazo de Perón y Evita o de dos pingüinos abrazados, y decenas de su participación en marchas, encuentros, y labores vinculadas a ese pensamiento político del que se la veía tan convencida al punto de tatuárselo.

Los aires hoy son otros y el viento la amontonó al lado de Pettovello, que posiblemente ignore el pasado de su abogada y ejecutante de polémicas medidas. Es también una preocupación para la multi-ministra, hoy, que esos recortes, ceses y denuncias se hayan basado en las "investigaciones" de los inexpertos "monaguillos" de Basilotta que es clarísimo no tenían ni la formación ni la experiencia como para semejante rol.

Desde que asumió, Gianni fue la responsable de encabezar una cadena de denuncias judiciales y mediáticas en nombre del gobierno de Milei y del Ministerio de Capital Humano. Como abogada, es la firmante de las presentaciones judiciales donde denunció a diversos entes y funcionarios del gobierno saliente, con la consecuente paralización de actividades que condicionan la vida de miles de personas.

Según las planillas de la cartera, la funcionaria percibe un sueldo bruto de $1.566.200,96, al que se le suma un plus por “Responsabilidad del cargo” de $1.716.508,51, lo que totaliza $3.282.709,47.

Potenciar Trabajo

En febrero, Gianni denunció ante la Justicia que más  de veinte mil beneficiarios del plan Potenciar Trabajo habían realizado viajes fuera de Latinoamérica. El listado, los destinos, el modo y la motivación están siendo investigados por la justicia pues es claro que los viajeros -mas allá de que circuló que muchos de ellos tomaron un crucero- pueden ser extranjeros radicados en el país que va de visita a su país de origen -muchos lo hicieron por más de treinta días-, que pueden haberlo hecho en avión, pero que debe demostrarse que lo hicieron con recursos propios y por fuera del plan de asistencia del Estado.

De todos modos, y sin haber pasado por ese filtro ni por alguna decisión judicial, mediante una publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la suspensión del pago de subsidios por tres meses del programa Potenciar Trabajo para más de 22.000 beneficiarios que, según el Ministerio de Capital Humano perdieron "su condición de vulnerabilidad".

Cabe recordar que el Programa está destinado a personas mayores de 18 y menores de 65 años que desempeñen en alguna actividad de la economía popular y necesiten fortalecer sus ingresos. Incluye dos tipos de prestaciones: subsidios o créditos y un Salario Social Complementario equivalente a la mitad de un Salario mínimo, Vital y Móvil. Los y las titulares del programa pueden optar por cumplir su contraprestación con su participación en proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios o a través de la “terminalidad educativa”.

Compra de medicamentos

En marzo de este año el Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia por irregularidades en la compra de medicamentos, en el 2022, por parte de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), cartera que pertenecia al Ministerio de Desarrollo. Gianni exhibió ante el Julián Ercolini el listado de la totalidad de subsidios que otorgó la DADSE entre el 21 de mayo de 2020, al 6 de diciembre de 2023.

La denuncia que menciona supuestos “negocios imperdonables” consta de 14 fojas. Ya fue ratificada ante Ercolini por la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano y el magistrado solicitará, a partir de esta semana, “una batería de medidas” para acreditar lo que se asegura en el escrito y precisar quiénes estuvieron al frente de esa dirección. Carlos Rívolo es el fiscal.

El primer conflicto es que mientras definen y seleccionan a nuevos proveedores de medicamentos -que además harían de manera directa y sin licitación- miles de personas quedaron sin provisión medicamentosa para patologías raras o que requieren medicamentos imposibles de pagar por particulares por su altísimo costo. La salud de decenas de personas se deterioró al estar sin tratamiento, y las denuncias por fallecimientos son cotidianas, situaciones que vienen denunciando la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), y organizaciones como ALAPA, que defiende los derechos de pacientes con patologías raras.

Cada día de demora de análisis de planillas, es una vida que se va, otra que se deteriora irreversiblemente, y miles de personas que sufren. No queda claro si esto es consecuencia del "análisis" de, entre otros, los "monaguillos" de Basilotta, que elevaron su dictamen a Pettovello y Gianni llevó a la justicia.

Jardines de Infantes

En marzo la denuncia fue dirigida hacia las autoridades de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) que se desempeñaron entre el 1° de enero de 2018 y el 10 de diciembre pasado, por los resultados de una auditoría interna que mandó a hacer la ministra, en la que se encontraron posibles maniobras "defraudatorias" en los desembolsos para el funcionamiento de varios centros de primera infancia. ¿Quién o quiénes hicieron la auditoría?

Los destinatarios de los subsidios eran los denominados Espacios de Primera Infancia (EPI), también denominados Centros de Desarrollo Infantil (CDI), que albergaban a niños de entre 45 días y 4 años de edad de todo el país, “brindando asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad, así como prevención y promoción de la salud”.

El área denunciada funcionaba bajo la órbita del entonces Ministerio de Desarrollo Social y, de acuerdo al rastrillaje efectuado por Capital Humano, se detectaron varias transferencias millonarias de subsidios "sin rendición de cuentas" o con aclaraciones "parciales o irregulares" en el marco del programa Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia.

Entre las instituciones que dejaron de tener alimentos para niños desde 45 días está  el Jardín Materno Infantil Municipal N° 3 del barrio Zaspe y la Casa Padre Catena de Santa Fe.

Los jardines maternales y de infantes n° 2 y 3 de la municipalidad de Hurlingham, en el GBA. El "Jardín Sueños y Sonrisas" de Berazategui y dos instituciones de La Matanza. También un centro de primera infancia de la comuna mendocina de General Lavalle.

La causa de esta denuncia realizada por la actual gestión quedó asentada en el juzgado federal número 12, que es subrogado por el juez Ariel Lijo, en la que se investigan los presuntos delitos de defraudación al Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Ministerio de la Mujer

El edificio del que fue el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, ubicado en Cochabamba 54, en la Ciudad de Buenos Aires estuvo en refacciones. Luego quedaron paralizadas. Un informe técnico recomendó en noviembre de 2023 como medida preventiva desocupar el edificio ante la posibilidad de que se produzcan “modificaciones no cuantificables en la estructura”.

Tras el cambio de gobierno, las nuevas autoridades del Ministerio de Capital Humano tomaron este documento de la firma Bascoy Ingenieria y ordenaron el desalojo de todo el lugar. El futuro del edificio es, por estos días, incierto y no se descarta su venta.

La decisión de desalojar el edificio fue tomada por la subsecretaria Legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano, Leila Daniela Gianni, en conjunto con el asesor de esta subsecretaría Ariel Romano. En diciembre, la gestión de Milei convirtió a la cartera de Mujeres en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, bajo el ala de Pettovello. El edificio, posiblemente, sea vendido a emprendedores inmobiliarios.