A contrarreloj, el Comité de Asesores que conformó Alberto Fernández con el objetivo de mejorar el sistema judicial se prepara para presentar el documento que recopilará los consensos y las diferencias en los distintos temas que discutieron.

El comité está compuesto por Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbar, María del Carmen Battaini, Omar Palermo y Andrés Gil Domínguez.

El 19 de noviembre deberá estar todo listo para dejarle al Ejecutivo el análisis y las conclusiones a las que llegaron. No hubo, por supuesto, unanimidad en todos los temas. Eso también se verá reflejado en el documento: las distintas posturas estarán contempladas con sus detalles característicos, para darle amplitud a todas las voces y a todos los integrantes.

Lo cierto es que, más allá del hermetismo con el que decidieron manejarse, hubo algunas filtraciones sobre los temas más espinosos: el funcionamiento de la Corte Suprema y el rol del Procurador. Sobre lo primero, se hizo foco en que más allá de una ampliación o no (algo que el propio presidente descartó varias veces), se analizó cómo llevar adelante un mejor funcionamiento del Máximo Tribunal, que no está relacionado estrictamente con la cantidad de miembros que tenga. “Que haya sido mencionada la paridad de género y la cuestión de federalizar el tribunal no significa que automáticamente se deba pensar en una ampliación”, reveló una fuente a Data Clave.

El otro punto que tuvo discusiones fue el del famoso “artículo 280”, que le permite a la Corte rechazar causas sin dar explicaciones. Se analizaron la cantidad de expedientes que recibe y la posibilidad de reducir ese número para reservarle a la Corte los casos más “relevantes”. 

El rol del Procurador tiene varias aristas para analizar. Con la idea puesta en el sistema acusatorio, que pone a las investigaciones en la cabeza de los y las fiscales, se maniobraron varias propuestas, siempre en resguardo del rol institucional que ocupa. Si se accede a bajar la mayoría especial que ahora se necesita para nombrar a un procurador (tal como está impulsando el kirchnerismo en el Senado y como intentó hacerlo el macrismo), se deberá resguardar que la posibilidad de removerlo siga en los dos tercios. De otra forma, el Procurador sería fácilmente removible ante cualquier problema, lo que obviamente lo dejaría en un lugar ultra débil.

Si la opción de los dos tercios para nombramiento se mantiene, una de las sugerencias es acortar el mando del Procurador. Un ejemplo es la Ciudad de Buenos Aires donde el fiscal general tiene un plazo de siete años en el cargo. Cualquiera de las opciones, obviamente, traerá bastante debate, en el medio de una situación muy compleja con el tema. Cabe recordar que a cierto sector del kirchnerismo no le agrada el candidato del presidente, el juez federal Daniel Rafecas, que además sostuvo que si se cambian los requisitos (los ⅔) no asumirá. Desde el Ministerio de Justicia insistieron en más de una oportunidad en que Rafecas es el candidato y que quieren que llegue al cargo.

Para el Consejo de la Magistratura también se plantearon reformas en su funcionamiento y se discutió sobre la cuestión de los fondos, que supuestamente dependen del Consejo pero que una gran parte está en manos de la Corte Suprema. Este punto puede destapar conflictos si se avanza en esta dirección. 

Desde la comisión resaltaron siempre que su trabajo es dar recomendaciones y opciones. “No tenemos la última palabra, nuestras propuestas estarán para que el Presidente las evalúe y en todo caso las envíe al Congreso”, marcó uno de los expertos a Data Clave.