Con presencialidad plena, la Cámara de Diputados sancionó la ley de Etiquetado Frontal de alimentos con 200 votos positivos, 22 negativos y 16 abstenciones. La mayoría del Frente de Todos acompañó la media sanción del Senado y Juntos por el Cambio votó dividido con mayoría a favor.

Luego de una catarata de pedidos de apartamientos pedidos principalmente por JxC y con foco en el conflicto mapuche en el Sur con casi 4 horas de demora, comenzó el debate del proyecto con el discurso del miembro informante del oficialismo. “Con esta ley se busca la prevención de la salud y la garantía de los derechos de todos los argentinos. El octágono negro es la forma más eficaz de que los consumidores detecten nutrientes críticos en los productos alimenticios”, dijo la diputada Cecilia Moreau.

Por su parte, en contra del proyecto con media sanción, la macrista Carmen Polledo consideró que "debemos pensar en un sistema de etiquetado integral y completo, es por eso que presentamos un dictamen proponiendo una alternativa que cumpla con el propósito de modificar los hábitos alimenticios".

“En este debate tengo dos certezas, la primera es que necesitamos una ley de etiquetado y la segunda que esta no es una buena ley, porque de todos los sistemas posibles se eligió el que le brinda menos información a los consumidores”, coincidió Silvia Lospenatto.

La mayor base de votos positivos desde Juntos por el Cambio estuvo en el bloque radical. La diputada de la Ciudad de Buenos Aires, Carla Carrizo, aseguró que “es una ley sumamente importante y necesaria porque es una cuestión de salud pública. Es importante que sea con los octógonos porque está comprobado que es el método que mejor protege”, señaló.

Por su parte, desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, también acompañó el proyecto oficialista que consideró “protege a la población infantil y a los sectores de menos recursos, que son los más afectados por los patrones del consumo inadecuado en Argentina”, sentenció.

La diputada de Consenso Federal, Graciela Camaño, marcó algunas diferencias a la redacción y  con un proyecto propio reclamó cambios al texto de mayoría. “Solo ponemos los perfiles de la OPS (Organización Panamericana de Salud) y ese es el tema en discusión”, remarcó la legisladora que de todos modos votó afirmativo.

En el cierre del oficialismo, la camporista Florencia Lampreabe, sostuvo que “nos estamos enfermando y no es casualidad, la publicidad nos dice cosas que no son, uno cree que compra algo saludable y resulta que es mentira, esta ley se trata de terminar con la fake news de la comida”, apuntó.

En el inicio de la sesión juraron los diputados que reemplazarán distintas bancas que fueron quedando vacantes. Se trata del fallecido Eduardo Brizuela del Moral (Frente Cívico de Catamarca-Juntos por el Cambio) y a los tres legisladores del Frente de Todos que renunciaron en los últimos meses: Facundo Moyano, Cristina Álvarez Rodríguez y Gabriela Cerruti. 

A Moyano lo reemplazará Lucio Yapor, un dirigente de La Cámpora de Chivilcoy. A Álvarez Rodríguez la sustituirá Natalia Souto, cercana a Victoria Donda y a Cerruti lo sucederá hasta el 10 de diciembre el actual director de Enacom, Gustavo López.

¿Qué cambia con la sanción de la ley?

Con la sanción del proyecto en el Congreso, los packaging de los alimentos deberán advertir a consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz. Los valores máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio establecidos deben cumplir los límites del Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.

Los alimentos y bebidas sin alcohol envasados y comercializados deben colocar leyendas advirtiendo sobre exceso en azúcares, sodio, grasas saturadas, en grasas totales y/o calorías en un octogono negro al frente el envoltorio. Estos octógonos negros con borde y letras de color blanco no deberán ser nunca inferiores al 5% de la superficie de la cara principal del envase.

En cuanto a los plazos para su aplicación, la normativa dispone para su implementación un plazo máximo de 6 meses, con posibilidad de extenderse a 12 meses para pymes y empresas de la economía popular.