El futuro de AySA, la empresa estatal que gestiona el agua potable y las cloacas, está marcado por un proceso de privatización que genera divisiones. Alejo Maxit, presidente de la empresa, anunció que el objetivo es vender el 90% de las acciones del Estado en una licitación pública nacional e internacional, bajo un esquema que busque transparencia y sostenibilidad. Sin embargo, la decisión enfrenta críticas desde la Provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof refuerza la importancia de la inversión estatal en infraestructura sanitaria y cuestiona el retiro del Estado en servicios esenciales.

Maxit explicó que la privatización es una prioridad para el gobierno nacional y que el modelo se inspira en la experiencia de San Pablo, donde operadores privados compiten en licitaciones periódicas. “El esquema actual no resolvió los problemas. El Estado nacional debe correrse y dar lugar a un esquema más eficiente”, aseguró. El plan incluye la venta de acciones en el mercado local y la incorporación de un socio estratégico. Mientras tanto, AySA ha cerrado 19 oficinas presenciales desde diciembre de 2023, obligando a los usuarios a gestionar sus trámites de manera virtual, lo que generó descontento en varios municipios afectados.

Por su parte, Kicillof utilizó las redes sociales para destacar los avances en la obra pública provincial, con énfasis en el Hospital Iriarte de Quilmes, que beneficiará a más de 500.000 personas. El mandatario sostuvo que sin la intervención del Estado sería “imposible llevar adelante esta verdadera transformación del sistema sanitario”. En un contexto de ajuste y paralización de obras nacionales, la Provincia lanzó el Plan Integral de Infraestructura Hospitalaria, que incluye la remodelación de áreas críticas como pediatría y terapia intensiva.

X de Axel Kicillof

A esto, se le suma el reclamo de Gabriel Katopodis, Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, quien aseguró que la decisión de privatizar la empresa es un error. “Eso ya sucedió y salió mal, muy mal”, posteo el aliado de Kicillof. Y catalogó a la gestión actual como “desastrosa”.

X de Gabriel Katopodis

El contraste entre ambas posturas no es menor. Desde su estatización en 2006, AySA logró aumentar la cobertura de agua potable del 76% al 85% y la de cloacas del 57% al 72%, según datos oficiales. Sin embargo, enfrenta un déficit operativo de $117 mil millones, y las tarifas solo cubren el 61% de los costos. Para Kicillof, estas cifras no justifican abandonar el modelo estatal, especialmente en una región como el AMBA, donde la provisión de servicios básicos es fundamental para millones de personas.

Además, los incrementos tarifarios aplicados en los últimos meses alimentan la tensión social. En 2024, los usuarios de AySA enfrentaron aumentos en un promedio de 317,22%, superando la inflación acumulada, lo que contrasta con las promesas de mejorar la eficiencia sin afectar a los consumidores. La posibilidad de que el servicio vuelva a parecerse al modelo de Aguas Argentinas, privatizado durante la década de 1990, genera preocupación en sectores sociales y políticos que recuerdan los conflictos y deficiencias de aquel período.

En la actualidad, AySA cuenta con 7.500 empleados, lo que plantea otro desafío: el impacto laboral de un eventual traspaso a manos privadas. Maxit aseguró que el objetivo es garantizar un proceso irreversible, pero las críticas desde la Provincia apuntan a que esta estrategia prioriza los intereses del mercado por sobre las necesidades de los vecinos.

Mientras tanto, el debate se intensifica. Desde la oposición provincial, se exige mayor transparencia en el proceso de privatización y se advierte sobre los riesgos de retroceder en derechos adquiridos. Para Kicillof, el futuro del sistema sanitario y de servicios públicos debe pasar por fortalecer la presencia estatal, no por reducirla.

Como referencia histórica, la experiencia de privatización de Aguas Argentinas durante el gobierno de Carlos Menem terminó con denuncias de incumplimientos y problemas de calidad en el servicio, lo que llevó a la reestatización en 2006 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Este antecedente resuena en la discusión actual, que promete extenderse en un escenario político y social cada vez más polarizado.