El portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, anunció la decisión de disolver la Compañía de Valores Sudamericana, la antigua Ciccone Calcográfica, y reestructurar la Casa de la Moneda. Esta medida forma parte de un plan más amplio de reducción del Estado impulsado por Javier Milei, que incluye la privatización de varias empresas públicas. Según Adorni, la disolución de Ciccone está justificada por los antecedentes de corrupción que rodearon su estatización en 2012, cuando el entonces vicepresidente Amado Boudou fue acusado de adquirirla en condiciones irregulares para beneficiarse personalmente.

La Compañía de Valores Sudamericana, que había sido recuperada por el Estado durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se encargaba de imprimir papel moneda y otros documentos oficiales. Sin embargo, su historia quedó marcada por el escándalo judicial que llevó a la condena de Boudou en 2018, cuando se lo halló culpable de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. La empresa, ahora nuevamente en el centro de la atención pública, será desmantelada y sus funciones privatizadas.

En paralelo, la Casa de la Moneda también sufrirá cambios. Este organismo, que desde 1875 ha estado a cargo de la emisión de billetes, monedas y documentos oficiales como pasaportes, será reorganizado, y sus funciones podrían ser tercerizadas. Adorni destacó las “ineficiencias” que, según el Gobierno, aquejan a la institución, afirmando que se ha convertido en un "despilfarro de recursos", con deudas superiores a los 370 millones de dólares.

Las críticas del oficialismo se centraron en la negativa del gobierno kirchnerista a emitir billetes de mayor denominación en medio de una inflación creciente, lo que llevó a la importación de billetes desde el exterior por un valor de 4.700 millones de dólares en los últimos años. La administración de Milei plantea que, en lugar de continuar con este modelo, el país debería externalizar la producción de billetes a empresas extranjeras, eliminando así el déficit operativo de la Casa de la Moneda.

Los sindicatos, en particular la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), no tardaron en reaccionar. Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE, calificó la medida como una “pérdida de soberanía” y anunció una protesta frente a la sede de la Casa de la Moneda en Retiro. Según ATE, el cierre del organismo afectará a 1.300 trabajadores, la mayoría bajo contratos temporales. Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, advirtió que, si las negociaciones con el Gobierno no avanzan, las medidas de fuerza se intensificarán.

La Casa de la Moneda, presidida por Daniel Méndez, ha sido un pilar en la emisión de billetes y otros documentos oficiales desde su creación. Su potencial cierre o reestructuración despierta preocupación no solo por la pérdida de empleos, sino también por el impacto en la autonomía financiera del país. Cabezas insistió en que la capacidad técnica y tecnológica del organismo es de las más avanzadas de la región, cuestionando la decisión de importar billetes cuando Argentina cuenta con la infraestructura necesaria para producirlos localmente.

Además de imprimir billetes y monedas, la Casa de la Moneda produce pasaportes, patentes y otros documentos de seguridad. También es responsable del control de calidad en sus procesos, garantizando que todos los productos emitidos cumplan con estrictos estándares internacionales. En los últimos años, ha incorporado tecnología avanzada para mejorar la eficiencia en la producción de estos elementos, algo que los sindicatos consideran un motivo más para oponerse a su disolución.

El anuncio se da en el marco de una serie de medidas similares por parte del Gobierno, que ya ha cerrado o privatizado otros organismos, como Trenes Argentinos Capital Humano. La administración de Milei ha dejado en claro su intención de reducir la presencia del Estado en sectores considerados "no esenciales", una postura que ha sido fuertemente criticada por la oposición y sectores sindicales.

El Gobierno asegura que las licitaciones para la privatización de estas funciones serán transparentes y que el proceso permitirá mejorar la eficiencia en la emisión de billetes y otros documentos clave para el funcionamiento del Estado. Sin embargo, los trabajadores temen que la pérdida de empleos y el control de la producción de dinero por parte de entidades extranjeras terminen por debilitar aún más la soberanía argentina.

El conflicto entre el Gobierno y los sindicatos promete escalar en los próximos días, con protestas previstas en varios puntos del país. Mientras tanto, la administración de Javier Milei avanza en su ambicioso plan de ajuste, que incluye la privatización de Aerolíneas Argentinas y otras empresas estatales estratégicas.