Más de dos meses después de la presentación, la demanda por el cierre de secretarías dedicadas a la prevención y atención de la violencia de género avanza formalmente en tribunales. Diversas organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por Ni Una Menos, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), FUNDEPS, Mujeres por Mujeres y la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), presentaron una acción colectiva contra el Poder Ejecutivo por el desmantelamiento de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias en julio de este año.

Ahora, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, a cargo del juez Alonso Regueira, aceptó la demanda y reconoció formalmente la legitimación de las organizaciones para representar a mujeres, niñas y adolescentes afectadas.

La presentación judicial cobra especial relevancia en un contexto en el que el gobierno de Milei ha recortado áreas clave dentro del ámbito estatal, incluyendo programas esenciales vinculados a la prevención y asistencia de la violencia de género. Según la denuncia, el 85% del personal que integraba estas áreas fue despedido, afectando gravemente el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en esta materia. En consecuencia, las organizaciones demandantes exigieron respuestas claras sobre la continuidad de los programas de asistencia, prevención y acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género.

La decisión judicial constituye un primer avance importante, ya que la acción fue inscrita en el Registro de Procesos Colectivos, permitiendo que las organizaciones actúen en nombre de un amplio colectivo de mujeres y niñas que han visto afectado su derecho a la protección. En su fallo el juez Regueira subrayó la necesidad de que el Poder Ejecutivo rinda cuentas sobre cómo se garantizarán estos derechos, considerando que el país tiene obligaciones concretas derivadas de tratados internacionales, como la Convención de Belém do Pará.

La demanda no solo se enfoca en los despidos masivos dentro de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias, sino que también señala la falta de información oficial sobre qué programas seguirán vigentes. Los recortes, afirman las organizaciones, no solo han dejado a muchas mujeres sin los recursos de asistencia adecuados, sino que también violan leyes locales y tratados internacionales que exigen que el Estado actúe proactivamente para prevenir y erradicar la violencia de género.

Hasta el momento, no ha habido respuestas claras del Poder Ejecutivo, lo que ha alimentado las tensiones con el movimiento feminista y otras organizaciones de derechos humanos.

La crisis se profundiza con el desmantelamiento de espacios de contención, como los refugios para mujeres víctimas de violencia y las líneas de asistencia, que han experimentado una reducción de personal significativa. Además, varias provincias que dependen del financiamiento nacional para sostener sus programas de violencia de género han reportado dificultades para mantener activos sus recursos locales.

La situación actual genera preocupación también entre los expertos internacionales. Argentina, que en su momento fue reconocida como un país pionero en la región en materia de derechos de las mujeres, enfrenta críticas por el retroceso en políticas públicas relacionadas con la igualdad de género. Diversos organismos internacionales han expresado su inquietud por el impacto que estos recortes tendrán en las víctimas y potenciales víctimas de violencia.

La próxima audiencia en este proceso judicial está programada para mediados de octubre, momento en el que el Poder Judicial podría solicitar más informes al gobierno sobre los programas de asistencia vigentes y las medidas que se tomarán para subsanar las falencias denunciadas. La inscripción de la acción en el Registro de Procesos Colectivos es vista como un paso clave para establecer precedentes que refuercen la protección de los derechos de las mujeres y niñas en el país.

Este tipo de acción colectiva es la primera que se presenta desde la llegada de Milei a la presidencia, lo que podría abrir la puerta a futuras demandas si se siguen vulnerando derechos fundamentales. El caso también pone en el centro del debate el papel del Estado en la protección de los derechos humanos y la necesidad de una política de género activa y eficaz.