En un plenario conjunto de las comisiones de Salud y Legislación General del Senado, se dictaminó esta semana la llamada “Ley Nicolás”, que se espera sea aprobada antes de que finalice el mes. Esta ley apunta a garantizar una atención sanitaria de calidad y evitar errores de diagnóstico y mala praxis, tras la lamentable muerte de Nicolás Deanna, un joven de 24 años que no recibió un tratamiento adecuado para la meningitis bacteriana que padecía.

El primer artículo de esta norma asegura el derecho a una asistencia sanitaria “segura y de calidad”, impulsando la transformación de las pautas culturales en el ámbito de la salud, la incorporación de tecnología, y la mejora de las condiciones de trabajo para el personal médico. Además, en los artículos 18 y 19 se establece la obligatoriedad de verificar la aptitud profesional del personal de salud y de implementar mecanismos de simulación para aquellas prácticas que requieren destrezas técnicas específicas.

Durante la sesión, la comisión de Salud también escuchó a especialistas como la Dra. María Althabe, coordinadora de la Unidad de Recuperación Cardiovascular Pediátrica del Hospital Garrahan, quien expresó su preocupación por el modelo de atención actual, que corre riesgos en el contexto sanitario actual.

Por otro lado, las comisiones de Seguridad Interior y de Justicia y Asuntos Penales del Senado comenzaron el debate del proyecto de ley antimafia. Esta iniciativa, que también podría ser sancionada a fin de mes, busca endurecer las penas para los miembros de organizaciones criminales y está inspirada en las leyes RICO de Estados Unidos y la normativa antimafia italiana.

El director nacional de normativa del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, defendió la propuesta, argumentando que es esencial para combatir al crimen organizado en el país, especialmente en zonas como Rosario, afectadas por la violencia del narcotráfico. Soto subrayó que la ley apunta a desarticular bandas que buscan dominar territorios, generar temor en la población o intimidar a las autoridades.

El proyecto, que ya cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados, prevé penas de hasta 20 años de prisión por el simple hecho de pertenecer a una organización criminal, independientemente de si se ha cometido un delito específico. Además, establece que el castigo por el delito más grave cometido por la banda será extensivo a todos sus miembros.

Finalmente, en el plenario se discutió también una iniciativa sobre la regularización de armas y la prórroga del programa nacional de entrega voluntaria, que forma parte de la agenda de seguridad del bloque libertario.