Camani, las fotomultas y el oscuro convenio con universidades por el que no paga impuestos
El excéntrico empresario acumula distintas causas en diversos juzgados. De Tres de Febrero a La Plata, de qué se lo acusa. Los detalles y los intermediarios.
Leandro Camani es un excéntrico empresario que empezó como modelo pero que luego, tal como lo relató Data Clave, fue haciéndose de numerosos contactos políticos y de peso que hoy lo hacen tener relaciones con los municipios.
Camani acumula varios expedientes en diversos juzgados y posiblemente la pila de causas crezca. Por el momento, es investigado en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de 3 de Febrero (a cargo del magistrado Juan Manuel Culotta); el Juzgado Federal 3 de La Plata (encabezado por Ernesto Kreplak) así como también lo tiene en la mira el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Las denuncias son por los acuerdos no del todo claro entre Secutrans (la empresa de Camani) y los municipios, con la intermediación incluso de algunas universidades.
De acuerdo a las investigaciones, Camani realiza convenios con los municipios por las fotomultas, por lo que pasa a ser un proveedor da jurisdicción. Ello lo logra por contratación directa pero no con Secutrans sino que los municipios contratan directamente a universidades. Por ejemplo, a través de la Fundación de la Universidad de San Martín que, a su vez, delega sus compromisos en las empresas de Camani.
La Unsam, por supuesto, no tiene cinemómetros ni cámaras para fotomultas en semáforos y sendas peatonales y tampoco está inscripta en el Registro de Proveedores de Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, por eso contrata a "Tránsito Seguro" y a "Secutrans", las empresas de Camani.
Cuando está en funcionamiento la operatoria, los municipios -que se quedan con alrededor del 15 al 30% de lo facturado- denuncian a los entes de recaudación del Banco de la Provincia, previa aclaración de que la facturación y distribución se haga a nombre de la Fundación de la Universidad de San Martín, con CBU incluido.
¿Por qué a través de Fundaciones Universitarias?
Porque tienen 100% de exención del impuesto a las ganancias, 100% de excepción de ingresos brutos, no tributan IVA y tienen una reducción del impuesto a los débitos y créditos al 2,5%. En otros casos, la facturación se reparte entre la Fundación y las empresas de Camani.
El municipio de La Matanza recibe un 20%, mientras que la Fundación UNSAM percibe poco más del 19%, y el proveedor T-Seguro se queda con el 40% de lo recaudado por las fotomultas. En General Pueyrredón (Mar del Plata-Batán), la municipalidad se queda con el 24%, mientras que la Fundación UNSAM recibe el 56%.
Unsam recaudó en solo seis meses 6.900 millones de pesos en multas de tránsito. En el caso del municipio de General San Martín, percibe cerca de un 27%; la Fundación UNSAM un 15% y el proveedor T-Seguro se lleva el 36%, de la recaudación de las fotomultas.
El negocio es redondo para ellos pero no cumplen con los infractores, ni con los municipios, ni con la provincia debido a no notifican las multas y se ahorran millones en Correo; no realizan las campañas de seguridad vial que son obligatorias y no aportan a ONG Viales como "Estrellas Amarillas", aunque sí las invita a la entrega del Martín Fierro.
Los intermediarios en el negocio
Uno de los exfuncionarios vinculados a las fundaciones universitarias es el abogado Matías Trejo, una figura polémica en el entramado de las fotomultas. Trejo se desempeñó en la Cámara que agrupa a los prestadores de tecnología para la instalación de cámaras y se convirtió en el nexo con los intendentes bonaerenses. Al ser desplazado del organismo, por denuncias de manejo irregular, rápidamente pasó a ser un operador de Secutrans, posicionándose en ambos lados del mostrador.
La relación de Trejo con los intendentes es notoria, fue fotografiado, entre otros, junto al intendente de Lezama, municipio conocido por “cazar infractores” con fotomultas en la Autovía Dos, y con jefe comunal de Chivilcoy, el vecinalista Guillermo Britos, en otra adjudicación vinculada a fotomultas.
Mariano Campos, socio de Matías Trejo, es otro de los que logró instalar a la empresa como la principal beneficiaria en estos acuerdos millonarios. Campos se desempeñó como titular de Vialidad provincial y subsecretario de Transporte bonaerense en el gobierno de María Eugenia Vidal durante el período 2016- 2018. El exfuncionario renunció a su cargo en medio de una de las crisis políticas que atravesó la gestión de Cambiemos. Saltó del sector privado a la administración pública, así que no es de sorprender el conocimiento que tiene sobre el millonario negocio que representan las fotomultas.
Tanto Trejo como Campos tejieron una red de contactos en el territorio bonaerense y lograron sortear, casualmente, los obstáculos para ser la principal empresa que coloca las fotomultas.
El responsable en Unsam
Quien está al frente de esos contratos como representante de Unsam es el secretario de extensión, Diego Kampel, quien suele hacerse ver en los aviones o autos de alta gama acompañando a Camani. En su Linkedin y paradójicamente, aparece como Coordinador del Centro de Estudios e Investigación sobre delitos económicos de Unsam.
Paralelamente, Kampel tiene una empresa, cuyo último registro es de octubre de 2024 y donde figura como presidente, llamada "New Normal S.A", creada por él y una socia en 2021 y dedicada a servicios administrativos y de apoyo a la administración de oficinas y empresas.
Su socia es María Alejandra Nelli Sosa quien es, además, personal temporario de la Unidad de Coordinación de Políticas de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Provincia.