La jueza federal Sandra Arroyo Salgado pidió el desafuero y detención del senador Edgardo Kueider, acusado de enriquecimiento ilícito. El oficio fue enviado a Victoria Villarruel, presidenta del Senado, previo a la sesión especial donde se decidirá el futuro del legislador. Además, se solicitó la extradición y detención de Iara Guinsel Costa, secretaria del senador, ambos detenidos en Paraguay.

El pedido surge en el marco de una investigación que apunta al senador por intentar cruzar desde Brasil a Paraguay con 211 mil dólares y 600 mil pesos argentinos sin declarar. Este hecho agravó la situación de Kueider, quien ya era investigado por manejos irregulares durante su gestión como Secretario General de Entre Ríos. Según fuentes judiciales, la causa también salpica a Guinsel Costa, quien podría haber actuado como testaferro del legislador.

Actualmente, ambos se encuentran bajo prisión domiciliaria en un lujoso departamento en Asunción, mientras la justicia paraguaya los imputa por contrabando. Según la defensa, el dinero provendría de la empresa paraguaya Golsur SA, aunque las explicaciones sobre su destino, como "cosméticos" o "inversiones", han generado más dudas que certezas.

En paralelo, Gendarmería Nacional realizó unos 20 allanamientos simultáneos en Paraná y Concordia, revelando propiedades vinculadas a Kueider y su entorno, entre ellas, departamentos valuados en más de 700 mil dólares. Además, se investiga el manejo de la empresa Betail SA, en la que aparecen familiares y allegados del senador, algunos con antecedentes judiciales.

Además, se solicitó al Senado de la Nación la autorización correspondiente para allanar el despacho de Kueider, con las respectivas medidas de resguardo para preservar las posibles pruebas.

El Senado enfrenta ahora un dilema político. Si bien el kirchnerismo exige la expulsión inmediata de Kueider, el oficialismo y sus aliados se inclinan por suspenderlo hasta que avance la causa. Para cualquier decisión, se necesitan los votos de dos tercios del cuerpo, lo que complica el panorama. La inmunidad parlamentaria, establecida en los artículos 68 y 69 de la Constitución Nacional, protege a los legisladores, salvo en casos de flagrancia.

Los allanamientos también arrojaron luz sobre la relación entre Kueider y ENERSA, la empresa estatal de energía entrerriana, donde presuntamente habrían existido pagos de coimas. Además, la jueza Arroyo Salgado sigue investigando nexos con la empresa de seguridad Securitas, involucrada en otro escándalo de corrupción.

Mientras tanto, en Paraguay, la Justicia otorgó tiempo hasta el 5 de abril de 2025 para completar la investigación contra Kueider y Guinsel Costa. Este plazo podría coincidir con definiciones políticas en Argentina, donde el Senado deberá decidir si colabora con la Justicia o protege a uno de los suyos en un caso que ya desborda las fronteras nacionales.