Apenas iniciado, ya se rompió el diálogo entre oficialismo y oposición
El interbloque Juntos por el Cambio dejó la sala virtual donde se realizaba una nueva reunión de la comisión Bicameral de Trámite Legislativo encargada de dictaminar sobre los DNU del gobierno. El oficialismo incluyó en el temario un decreto dictado por Mauricio Macri provocando la queja de la oposición.
Los legisladores de Juntos por el Cambio volvieron a quejarse por la inclusión de un decreto de Mauricio Macri en el temario de la Bicameral que estudia los DNU del Ejecutivo. Lo mismo había sucedido a principios de la pandemia con el decreto sobre las escuchas, los diputados y senadores de la oposición abandonaron la reunión impugnando el tratamiento de un decreto presidencial que según ellos "ya había sido dictaminado".
"Creemos que la convocatoria de la comisión no se hizo con la anticipación debida y nos preocupa la demora para incluir algunos decretos relevantes. También pedimos que excluya los decretos que ya han sido dictaminados", sostuvo el diputado del PRO, Pablo Tonelli.
En contrapunto, la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti, aclaró que no existe en el reglamento ni en la ley que crea la comisión la "imposibilidad de volver a dictaminar sobre DNU's que no han sido tratados por ambas Cámaras".
Seguido a esto, Juntos por el Cambio insistió en la improcedencia de volver a tratar un DNU que ya había sido avalado por la comisión y abandonó la sala virtual de la reunión impugnando el tratamiento. "Voy a retirarme de esta comisión porque no estoy dispuesta a seguir estando fuera de la ley y la Constitución tratando decretos que ya están dictaminados", dijo la senadora Silvia Giacoppo al retirarse.
"La actitud de la oposición es como la de los chicos, como estan perdiendo, pincho la pelota y me la llevo", retrucó Fernández Sagasti y agregó que de no rechazar el DNU se iba a sostener "una estafa al pueblo argentino".
Es que el FdT volvió a dictaminar y busca anular en el recinto un decreto del gobierno de Cambiemos, el 1053 del 2018, donde se estableció que las diferencias diarias por la variación del tipo de cambio entre abril de 2018 y marzo de 2019 en el valor de la distribución del gas iba a ser asumida por el Estado. El oficialismo denunció que la primera cuota de esa “estatización de las pérdidas de los privados” se abonó el 6 de diciembre de 2019 dejando todo el resto para la gestión de Alberto Fernández.
