La Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), comenzó una auditoría integral de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral en todo el país. Esta medida se tomó luego de que se detectaran una serie de irregularidades en los primeros relevamientos, lo que ha motivado una revisión exhaustiva del 100% de los casos.

Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la ANDIS, explicó que esta auditoría tiene como objetivo “dar transparencia al sistema de pensiones no contributivas por invalidez laboral para que las mantengan y reciban quienes realmente lo necesiten y estén avalados por la ley”.

Los primeros resultados de la auditoría arrojaron un dato preocupante: de una muestra piloto de 2.559 casos, apenas el 7% cumplía con los requisitos legales para la percepción de este beneficio. Esto significa que el 93% de las pensiones evaluadas no cumplían con los criterios establecidos, lo que pone en evidencia una concesión irregular de estos beneficios.

La cifra es alarmante si se tiene en cuenta que, según datos oficiales, desde 2003 hasta la actualidad, el número de beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral se incrementó de 80.000 a más de 1,2 millones en todo el territorio nacional. Este crecimiento exponencial ha sido uno de los motivos que impulsaron la decisión de auditar de manera exhaustiva todos los casos, ante la sospecha de que muchos de ellos podrían haber sido otorgados de manera fraudulenta.

Spagnuolo subrayó que la intención del gobierno no es retirar el beneficio a quienes realmente lo necesitan, sino “reordenar el sistema de pensiones por invalidez laboral para que rindan cuentas en el ámbito que corresponda todos aquellos funcionarios y profesionales que hayan formado parte del otorgamiento indiscriminado e irregular de estas pensiones, en perjuicio del Estado Nacional y de quienes son los verdaderos destinatarios de este beneficio”.

El director ejecutivo de la ANDIS fue enfático al señalar que el objetivo es depurar el sistema, garantizando que solo quienes cumplen con los requisitos establecidos por la ley puedan acceder a esta ayuda. “El gobierno del Presidente Milei vino para hacer los cambios que nadie se animó a hacer”, concluyó.

A raíz de los resultados de esta primera auditoría, se espera que la ANDIS continúe con el proceso de revisión en todo el país, ampliando el alcance de las auditorías para incluir la totalidad de las pensiones otorgadas. La dirección ejecutiva de la agencia también ha anticipado que se iniciarán acciones legales contra aquellos funcionarios y profesionales que se compruebe que han participado en el otorgamiento irregular de pensiones.

El proceso de auditoría y revisión promete ser extenso, pero desde la ANDIS aseguran que es un paso necesario para asegurar la integridad y transparencia del sistema de pensiones, y para garantizar que los recursos del Estado lleguen a quienes realmente los necesitan.