La Administración General de Puertos (AGP) está revolucionada desde que el presidente Alberto Fernández dispuso transferirle la administración y el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado de la hidrovía Paraguay-Paraná por un plazo de 12 meses. 

Todos los gerentes y el Interventor José Beni trabajan aceleradamente junto a asesores y funcionarios del ministerio de Transporte para resolver las complicaciones que genera asumir la responsabilidad conferida por el Decreto 427/2021 que tuvo como principal objetivo "generar un mayor control estatal sobre la hidrovía y facultar a la AGP, por un plazo de 12 meses, a cobrar el peaje y hacer las contrataciones necesarias para mantener operativos los servicios en la vía navegable, esencial para el comercio exterior argentino".

Conocedor de la temática portuaria y hombre muy cercano a los Kirchner, José Beni administrará la Hidrovía durante el período de transición desde la AGP.
Conocedor de la temática portuaria y hombre muy cercano a los Kirchner, José Beni administrará la Hidrovía durante el período de transición desde la AGP.

La concesión -que desde hace un cuarto de siglo controla el consorcio integrado por Jan de Nul, de origen belga, y la argentina Empresa Metalúrgica Patricias Argentinas (EMEPA S.A.)- está prorrogada hasta el 13 de septiembre. A partir esa fecha será la AGP quien deberá hacerse cargo de administrar durante un año el proceso de transición hasta que el gobierno defina el destino definitivo de la principal vía de tránsito para las exportaciones agro industriales argentinas.

"Estamos trabajando en la confección del pliego de la obra civil, un trámite que no lleva menos de cuatro o cinco meses, por lo cual recién se podría adjudicar en diciembre", relató a Data Clave una fuente del organismo portuario. "Esta situación nos provoca un bache de entre dos y tres meses -entre septiembre y fin de año- durante el cual tendremos que parchar la ausencia de una concesionaria con alguna alternativa", agregó el informante calificado.

Hasta diciembre deben cumplimentarse una serie de pasos indispensables que incluye la confección de los pliegos, la convocatoria, que se presenten los oferentes, fijar la compulsa de cada una de las ofertas, elegir un candidato y superar las posibles impugnaciones. Y allí recién quedará resuelto la operatoria hasta septiembre de 2022, período durante el cual la responsable será la AGP. "Durante ese tiempo deberá resolverse qué proyecto de hidrovía queremos y cómo pretendemos administrarla y, fundamentalmente, controlarla durante los próximos veinte años", aportó un funcionario con acceso directo al despacho del ministro de Transporte.

Cualquiera menos EMEPA

Nadie lo menciona, pero es tácito que la indicación impartida desde la Rosada es evitar que EMEPA S.A. -uno de los integrantes del holding que manejó la hidrovía durante los últimos 25 años-, pueda acceder al control de las tareas de dragado y mantenimiento durante el período de transición.

El tema es muy sensible ya que su titular, el empresario Gabriel Romero, fue uno de los "arrepentidos" de la causa de los Cuadernos tras haber reconocido a mediados de 2018 que pagó sobornos para la obtención de obra pública durante la administración kirchnerista. En su condición de "imputado colaborador" Romero confesó en Comodoro Py que pagó sobornos para que le extendieran la concesión de la Hidrovía a su empresa, a partir de la firma de decretos presidenciales. 

Gabriel Romero, titular de EMEPA S.A., resistido por el kirchnerismo.
Gabriel Romero, titular de EMEPA S.A., resistido por el kirchnerismo.

Como esta situación lo compromete en una causa que tramita ante la justicia federal, queda excluido de cualquier posible nueva contratación con el Estado. Pero no solo se trata de un tema legal. La indicación que bajó desde "las más altas esferas del gobierno" es que ninguno de los empresarios que haya declarado en contra de la vicepresidenta Cristina Kirchner durante aquel cuestionado proceso llevado adelante por el fallecido juez Claudio Bonadío, permanezca al frente de ninguna contratación pública.

Por eso la gran preocupación de Beni -un técnico de carrera, con vasta experiencia en materia portuaria quien como Gerente General enfrentó el desafío de prorrogar las concesiones de las terminales portuarias y de excelente vínculo con el matrimonio Kirchner- es qué va a pasar durante el período en el que se llevará a cabo todo el proceso licitatorio.

"Nos están tirando todo el quilombo a nosotros porque si hay que hacer una contratación directa para cubrir ese período, tenemos que caer directamente en los que están ahora, que son los únicos que conocen la operatoria", confió otra fuente de la AGP a este portal.

Según pudo confirmar Data Clave, el ministro de Transporte Alexis Guerrera le solicitó a la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante que efectuara un relevamiento de las dragas y el material con el que cuenta el organismo estatal para afrontar el dragado durante ese período de transición.

Las fuentes consultadas por este portal aseguran que para enfrentar esta compleja situación hay dos caminos: o hacer una contratación directa o prorrogarle al actual consorcio hasta que se defina el nuevo concesionario. Como la orden es que Romero no continúe, el problema lo tiene la AGP. "Una opción es lograr que los belgas -que son los dueños de las dragas- rompan con EMEPA y se hagan cargo ellos solos del dragado, dejándole a Puertos el balizamiento", aportan. "No hay en Argentina muchas empresas con la capacidad operativa necesaria para resolverlo y traer esa maquinaria desde otras partes del mundo, insume tiempo y recursos, no es tan sencillo", concluyen.