La presentación será analizada por el fiscal Ramiro González (que tiene delegada la investigación) y luego la decisión tendrá que tomarla el juez Sebastián Casanello. 

El abogado planteó que las distintas regulaciones sanitarias no tendrían que haberse hecho por DNU. “No existieron circunstancias excepcionales en cuanto al funcionamiento y ejercicio de las legales y constitucionales facultades legislativas, que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previsto por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”, sostuvo en el escrito. Incluso, como había dicho en su cuenta de Twitter, sostuvo que el decreto permitía las reuniones sociales de hasta diez personas “en determinados aglomerados urbanos”.

“Aún cuando pudiera argumentarse que habría violado el distanciamiento o aislamiento establecido en dicho decreto – lo que a todo evento niega esta defensa - , lo cierto, lo concreto y real es que existiría, en el caso, un error de derecho y hecho excusable, que haría el accionar inimputable a mi asistida”, resaltó D’Alessandro.