El oficialismo sufrió esta madrugada una nueva derrota cuando la oposición sancionó en el Senado la ley que de Financiamiento Universitario y dejó al Gobierno nuevamente ante la definición de otro veto presidencial. Durante la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención, por lo que el texto los dos tercios.

De hecho, durante la votación en general avalaron la ley tres legisladores del PRO: Guadalupe Tagliaferri -siempre estuvo a favor-; el jefe de la bancada, Luis Juez, y la tucumana Beatriz Ávila, mientras que se abstuvo la pampeana Victoria Huala. Otros tres lo hicieron en contra: Carmen Álvarez Rivero, Martín Goerling y Alfredo De Ángeli.

La iniciativa establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto, estimándose para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.

La ley impone actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de estudio -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año. De hecho, el proyecto especifica que si una paritaria mejora la normativa a sancionarse, la misma prevalecerá sobre cualquier otra cosa.

El presidente de la comisión de Educación de la Cámara alta, Eduardo “Wado” De Pedro, acusó al Gobierno de atacar “directamente los principios fundamentales de la educación”. El legislador, esta noche preocupado por el tema, tardó nueve meses en presentarse como integrante de la comisión que en la actualidad comanda.

“Si el presidente veta esta ley, que es sólo el 0,14% del PBI para las universidades argentinas, confirmamos que otra vez estamos ante un proyecto para muy pocos”, aseguró De Pedro. Además, dijo que la inversión en el área en discusión “es un elemento esencial de nuestro modelo productivo” y contribuye a “agregar valor en cada una de las provincias”.

Por su parte, el radical catamarqueño Flavio Fama manifestó que el proyecto “no busca incrementar el presupuesto, hay que decir la verdad”. En ese sentido, indicó que la ley intenta “resguardar los gastos de funcionamiento, que representan menos del 10% del gasto asignado a estas instituciones”. Fama recordó que la suba de 270% anunciada tiempo atrás por el Ministerio de Capital Humano fue “sólo a la Universidad de Buenos Aires”, a la que halagó como “buque insignia”, pero que “no representa a todo el sistema”.

“¿Qué hicieron cuando eran gobierno y no se les subió un peso a todas las instituciones?”, preguntó el libertario Bruno Olivera, que habló de revisiones que detectaron fondos que “no se canalizaron de manera eficiente”. El sanjuanino enfatizó que, al iniciarse la gestión de Javier Milei, se giraron de inmediato $14.000 millones que “se debían” -con 60 días de retraso- del último gobierno kirchnerista. “Un país que apuesta al desorden está destinado al fracaso. Tenemos una meta bien clara de equilibrio fiscal y no se negocia”, concluyó.

El peronista disidente Juan Carlos Romero criticó a sindicalistas por “no hablar de la calidad educativa” y retomó el viejo argumento antikirchnerista de que fue “un error hacer política creando universidades” en la última década, “duplicación de oferta a poca distancia”.

Desde el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) subrayó que “el verdadero objetivo” del Gobierno libertario “es transformar las conciencias y decirnos que si se está en mal estado, vamos a estar mejor si le pisamos la cabeza al de al lado”. Respondió el jefe de La Libertad Avanza en el Senado, Ezequiel Atauche (Jujuy): “Merecemos educación sin ideología, sin utilizar el dinero de los argentinos en política. Diciendo la verdad. Empecemos a contar la verdad”.