La motosierra no para. El Gobierno concretó en las últimas horas el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI), una medida que había anunciado en febrero pasado cuando ya había ordenado que dejaran de funcionar las oficinas que tenía en todo el país.

Mediante el decreto 696, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se dispuso el cierre definitivo del organismo.

“Disuélvese el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia”, dice el decreto que se publica en el Boletín Oficial.

X de Ministerio de Justicia

El INADI se había creado en 1995 tras la sanción de la Ley N° 24.515 con el fin de elaborar y proponer políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación en todas sus formas en el territorio argentino.

Su creación durante la presidencia de Carlos Menem buscaba sistematizar los hechos de discriminación en todo el país y realizar las denuncias correspondientes en los casos que correspondan. El propio presidente Javier Milei, antes de llegar a la Casa Rosada, había sido denunciado por el INADI por expresiones discriminatorias.

Cuando se anunció en febrero el cierre del organismo se originó una polémica, que seguramente se reflotará ahora, porque se argumentó que no se puede cerrar un organismo que fue creado por una ley del Congreso.

Con el cierre del INADI, la totalidad de los recursos que le eran destinados pasarán a la órbita del Ministerio de Justicia, que será el encargado de “elaborar y poner en ejecución las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo”.

En los considerandos del decreto, se indica que la intervención del organismo durante 12 años “fracasó” y puso en evidencia el “estado de ineficiencia e incumplimiento de sus finalidades y acciones”.

A su vez, aseguró que la actual gestión descubrió “graves irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos; sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional; retrasos injustificados en la solución de denuncias y expedientes administrativos; e ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia”.

Sumado a ello, argumentó que “el Instituto no cuenta con registros fidedignos ni de sus actividades ni de ninguno de los pagos de haberes efectuados previo a diciembre de 2023, ni tampoco con procedimientos tendientes a garantizar las tareas de control y fiscalización en la utilización de los recursos” y que “se constató el sobredimensionamiento de la estructura funcional”.