Argentina convive con numerosas, elevadas y complejas cargas tributarias que atentan contra los ingresos de la ciudadanía y contra la producción de aquellas empresas que operan, o sobreviven, en el país. Y también atentan contra las aspiraciones de nuevos emprendimientos y, por ende, contra la inversión y las posibilidades de crecimiento.

Dentro de este conjunto, existe un impuesto que alcanza a la totalidad de la población, que es el más regresivo de todos y que no precisa ser legislado. Nos referimos al impuesto inflacionario. En el mes de octubre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) tuvo una variación mensual e interanual del 6,3% y 88% respectivamente. Esto pone a Argentina en el top 3 global de los países con mayor impuesto inflacionario. Los números alcanzados son impactantes y evidencian la falta de control (o excesivo) sobre el manejo de nuestra moneda por parte de las autoridades gubernamentales.

Si bien el IPC mide el comportamiento general de precios de bienes y servicios que la población consume, cuando analizamos la evolución que tuvieron los alimentos, la situación es más grave todavía (y en particular, para aquellos sectores más vulnerables). Si analizamos los valores de la canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT) difundidos por el INDEC para el mes de octubre, vemos que el incremento interanual de ambas canastas fue récord. La CBA experimentó un aumento de 9,5% en relación con el mes anterior y rompió la barrera de los 100 puntos porcentuales respecto a octubre de 2021 (+100,8%). Mientras que la CBT tuvo un incremento mensual de 9,0% e interanual de 93,1%.

Tanto la Canasta Básica Alimentaria como la Total aumentaron por encima del IPC del mismo mes (88%). Teniendo en cuenta que los sectores más bajos de la distribución de ingresos del país destinan una mayor proporción de sus ingresos al consumo de alimentos que cualquier otro, terminan siendo los más afectados por esta dinámica.

El jaque mate se presenta cuando miramos la evolución de los salarios y nos percatamos de que el poder adquisitivo se evapora frente a las subas de la canasta básica. El último dato de INDEC muestra una suba salarial promedio del 79% anual; donde el sector público marcó una suba del 78% mientras que el sector privado registrado y no registrado tuvieron una variación anual del 80% y 75% respectivamente. La situación es más preocupante aun cuando se tiene en cuenta que las personas de menores ingresos suelen tener trabajos no registrados, y que los ingresos de este sector están subiendo a un ritmo mucho más bajo que el de la canasta básica. 

En ese sentido, el acuerdo de Precios “Justos” por parte del Ministerio de Economía para contrarrestar los incrementos registrados en las canastas, es sólo un paliativo transitorio que no pretende atacar el núcleo principal de la persistente suba de precios (la emisión monetaria y el elevado gasto público). Dado que entre diciembre y marzo de 2023 se espera una inflación mensual en torno al 6%, el atraso acumulado respecto al IPC de los productos alcanzados en el acuerdo será del 25% aproximadamente.

Resulta como mínimo desafiante encontrar los efectos positivos de sostener los niveles actuales de impuesto inflacionario. Más cuando vemos los niveles de pobreza y desigualdad de Argentina, y hablamos de un impuesto que pagan todos los estratos sociales, pero que afecta con más fuerza a los más vulnerables. La política económica adoptada lleva años de elevado gasto público, déficit fiscal e inflación persistente que resultan en una amenaza para aquellos que viven de su salario y pretenden lograr un bienestar a través del ahorro y la inversión.