Milei sorprendió en su primer discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso con la convocatoria a un acuerdo nacional, al que denominó “Pacto de Mayo”. Se trata de un decálogo a refrendar entre el Gobierno central y las Provincias, a las cuales se les presenta un texto cerrado en tanto “contrato de adhesión”. El convite contrasta con la intransigencia previa, pero está supeditado a la aprobación de la Ley Bases. Los lineamientos postulados en el “Pacto de Mayo” contienen generalidades políticas, pero también una eminente base económica, que analizamos en estos párrafos.

El “Pacto de Mayo” (PdM) que presentó Milei busca resetear el orden económico, dando señales de cambio permanente a largo plazo. Empieza imponiendo la “inviolabilidad de la propiedad privada”, que está consagrada en el Artículo Nº17 de la Constitución. Rápidamente el texto propuesto por Milei deja de lado los enunciados simbólicos y pasa a premisas concretas. Pide rubricar un compromiso por el “equilibrio fiscal innegociable”. La necesidad de austeridad en el manejo de las cuentas públicas es indispensable para un país que ha registrado déficit en 18 de los 24 años del siglo. En tanto voluntad aspiracional, difícilmente surjan voces en contrario. Los gobernadores aspiran a mantener equilibradas sus finanzas para minimizar sus necesidades de endeudamiento, dado su impedimento para emitir. Más dudoso es el apoyo al concepto de lo “innegociable”. ¿Sería una máxima independiente de todo tipo de shock exógeno que pueda afectar la solvencia fiscal? Es poco probable que no broten objeciones si este aspecto no se suaviza.

El PdM prosigue reafirmando su énfasis fiscal. Consigna un límite explícito para el gasto en 25% del PBI, acorde a “los niveles históricos”. En primer lugar cabe decir que el dato es técnicamente erróneo. El promedio de las dos últimas décadas del siglo XX alcanza el 30,8% cuando se considera el gasto consolidado entre Nación y Provincias. Posteriormente crece de forma significativa, hasta estabilizarse entre el 40% y el 45% en esta última década. Ocurre que el nivel de gastos de una economía está estrictamente ligado a la cantidad y calidad de las prestaciones del sector público. El cambio estructural que tuvo nuestro país en el pasado reciente fue la ampliación de las políticas de ingresos y el refuerzo del sistema previsional. La incorporación de casi 3.6 millones de jubilados por moratoria y las transferencias directas a colectivos vulnerables, a través de la AUH, asignaciones familiares, el ex programa “Potenciar Trabajo”, las becas estudiantiles y una variedad amplia de planes. El peso de este grupo de partidas se redujo una vez superada la disparada de la pandemia, pero las políticas de ingresos aún explican 8,2 % del PBI, que es un guarismo alto en la comparativa regional. Una pregunta relevante es el grado de valoración social de estas prestaciones. Es cierto que Milei llegó a la Presidencia criticando el dispendio en el gasto. Menos explícitos parecen haber sido los efectos de su programa contractivo sobre los segmentos medios y bajos. Surge entonces la duda sobre el impacto ante una eventual depreciación en los haberes de los jubilados o ante una licuación aún más severa sobre el poder de compra de la AUH o del resto de las políticas de asistencia al trabajo.

COMPRANDO TIEMPO

La salida del laberinto podría ser el fortalecimiento de los ingresos genuinos del Estado, pero también genera controversias. Ocurre que el cuarto punto del manifiesto exige una reforma tributaria “que reduzca la presión impositiva”. Se sabe que la menor carga tributaria forma parte del eje del pensamiento libertario, pero esto contrasta con los datos del inicio de su gestión.

Desde diciembre está efectivo el aumento de alícuotas del impuesto PAIS, mientras que Caputo intentó reinstaurar el impuesto ganancias y aumentar retenciones. La evolución de la presión fiscal en los últimos años muestra una trayectoria serpenteante. Medida como proporción del PBI escaló a casi 28% a fines del 2023 y este año probablemente vuelva aumentar.

La razón es la necesidad de solventar un Estado más grande, con escasas fuentes de financiamiento de mercado. El planteo de Milei viene con un combo envenado para los gobernadores. El siguiente punto de su decálogo incluye una rediscusión integral de la coparticipación “para terminar con el modelo extorsivo”. Este bloque es polémico porque implica un dilema de coordinación complejo.

En tanto juego de suma cero, nunca es sencillo aunar voluntades con intereses contrapuestos. Un abordaje más armonioso exigiría construir denominadores comunes a partir de una simplificación tributaria, junto a la mejora de los mecanismos de recaudación y transferencia optimizando el convenio multilateral. Son temas de trazo fino, pero ayudarían a alinear los incentivos de los distritos en materia de recaudación, reducir distorsiones y minimizar las injusticias en la distribución de los recursos.

Profundizando la agenda de cambios sistémicos, el Presidente Milei apunta a la apertura del comercio “para que Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global”. Más allá del componente ideológico del postulado, es un hecho que el volumen del comercio se redujo en los últimos años. La suma de importaciones y exportaciones gravitaba en torno al 35% del PBI hace veinte años, mientras que en 2023 apenas superó el 22%.

La contingencia de la sequía hizo estragos, pero en años previos los niveles no eran muy superiores. Cabe preguntarse, entonces, cuánto podría contribuir una vocación más aperturista. La rebaja de tarifas y la supresión de barreras no arancelarias podría facilitar el ingreso de bienes, pero el principal obstáculo sigue siendo el cepo cambiario y la administración de los dólares para pagar las importaciones. Tampoco es claro cuánto se pueden potenciar las exportaciones si no se gestiona la apertura de mercados externos con un trabajo político de largo plazo.

Más aún, si todo se libera pueden volver a brotar las presiones alcistas sobre el dólar, en caso que no se sostenga el equilibrio del balance comercial. El texto del PdM también versa sobre aspectos institucionales como una reforma política, una previsional y otra laboral. No son cuestiones urgentes en el frente macro, pero sin lugar a dudas debates necesarios. El análisis del pacto que Milei puso sobre la mesa tomará más de dos meses, con varias postas intermedias. Con todo, es una estrategia válida para un Gobierno que aún transita su fase inicial y necesita correr los reflectores del deterioro continuo de las condiciones de vida producto de un plan de ajuste de escala pocas veces vista en Argentina.