La reestructuración de las condiciones iniciales del crédito Stand-By firmado en el año 2018 por Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional ocupa un lugar central en la agenda económica del corriente año. Un nuevo acuerdo con el Fondo resulta fundamental para definir qué capacidad tendrá la economía argentina de recuperarse en los niveles de actividad económica y por cuanto tiempo será sostenible en el futuro esa recuperación.

El principal objetivo de Martin Guzmán frente al directorio del FMI es modificar el actual perfil de vencimientos de “muy corto plazo” comprometido en el Stand-By original y estirar esa curva de pagos que Argentina inexorablemente “incumpliría” a partir de septiembre próximo, llevándola hacia un horizonte posible puesto en 10 años, con un período de gracia inicial de 4 años.

Los compromisos financieros asumidos por país con el Fondo entre los años 2021 y el próximo 2024 son inconsistentes con la capacidad de pago de una economía argentina que ya había caído en default al momento de la firma del Stand By en el marco de una fuerte crisis de Balanza de Pagos producto de fuertes déficit en el orden del 5% del PBI en la Cuenta Corriente tanto en año 2016 y 2017, situacion que explotó en 2018 con una gran devaluacion que dinamitó la confianza del mercado de crédito internacional.

Durante 2021 operan vencimientos importantes de deuda, el primero en mayo con los países que integran el Club de París y el segundo con el propio Fondo en septiembre, ambas negociaciones se encuentran absolutamente vinculadas y en total suman potenciales pagos por u$s 7.100 millones. El escenario se pone realmente peor para Argentina en los años 2022 y 2023, en los cuales los vencimientos con el Fondo se acumulan de forma“insostenible” para las flacas reservas internacionales, solo en dos años se debería cancelar gran parte de los U$S45.000 millones del préstamo otorgado.

La acumulación de vencimientos en el corto plazo obliga al equipo de Martín Guzmán a una renegociación inmediata por nuevas condiciones y mayores plazos con el Fondo, aunque a partir de hoy esto irá también en paralelo a la investigación que se iniciará en el marco de una “querella criminal” por instrucción el Presidente Alberto Fernandez anunciada hoy en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.

La negociación está planteada desde la posición de Argentina en la que resulta materialmente imposible desviar un solo dólar de las reservas del Banco Central en el delicado contexto financiero local con un escenario de control de cambios y desdoblamiento.

El Ministro Guzmán viene de haber reestructurado el 99,16% de la deuda elegible con acreedores privados en el último canje, sin embargo esta negociación sin dudas es una jugada de precisión extremadamente difícil, además de los votos en el directorio de los principales países miembros y aportantes, para aprobar o no la reestructuración de la deuda del principal deudor del organismo, también subyace la lógica del posicionamiento de Argentina en términos geopolíticos en un mundo multipolar en el que coexisten al menos dos grandes centros de poder económico y en el que los equilibrios cobran una relevancia estratégica. El cambio de administración en la Casa Blanca y la mejor sintonía de esta con el gobierno argentino definitivamente resulta una instancia alentadora, Estados Unidos pondera un 16% en la mesa del directorio de Fondo, diría que es una “condición necesaria pero no suficiente” para obtener todo lo que se busca del nuevo acuerdo.

Un Acuerdo de Facilidades Extendidas es el nuevo formato de crédito que podría firmarse de acuerdo a los estatutos del organismo y en esta línea se abre el otro segundo gran desafío para el equipo económico luego de negociar llevar hacia delante los vencimientos de capital e intereses, está relacionado con las condiciones que busque imponer el Fondo en el diseño de la política económica argentina en los próximos años, el temor es que se busque imponer algunas de las recetas ya aplicadas en forma fallida en nuestra economía, proponiendo una mayor ortodoxia en el plano fiscal y en la política monetaria como herramienta clásica para contener el proceso inflacionario y la posibilidad de cierto atraso cambiario que terminaría por complicar aún más la delicada situación de Argentina. En esta línea el gobierno argentino hizo pública su posición respecto a no introducir en la economía ajustes de tipo ortodoxo que impliquen un mayor deterioro en el entramado económico y social que fue especialmente golpeado por la pandemia de Covid19.

Para concluir, final abierto para una negociación que debería definirse, de acuerdo al próximo vencimiento con el Club de Paris de mayo próximo, en los siguientes dos meses y que representa sin dudas una negociación en el plano político y económico, que va definir la capacidad futura del país para recuperarse con mayor o menor velocidad de la caída en los niveles de actividad registrados desde 2018 hasta la fecha y que por supuesto se profundizó producto la pandemia.