Cuando se refirió este lunes en el Congreso al crédito que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le otorgó al gobierno de Mauricio Macri, el presidente Alberto Fernández anunció que impulsará la apertura de una "querella criminal". Pero en la Justicia ya hay una causa en trámite que investiga esos mismos hechos.

Fernández dijo que de esa forma buscará a determinar eventuales delitos que se hayan cometido en el endeudamiento que asumió el Gobierno de Macri, a la vez que enumeró diversas iniciativas para mejorar el servicio de la administración de justicia.

Al inaugurar el 139° período de sesiones ordinarias con un mensaje ante la Asamblea Legislativa, Fernández sostuvo que instruyó "para que se inicie una querella criminal para determinar quiénes fueron los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia", en alusión a la toma de deuda entre 2015 y 2019.

Fernández dijo que el crédito de 44 mil millones de dólares había sido otorgado por el Fondo para permitir la reelección de Macri y que inclusive esto había sido admitido por algunos integrantes del staff del organismo.

Esta tarde, el Banco Central recordó en un comunicado que "elevó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación vinculada al último acuerdo firmado por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, para determinar si generaron perjuicios al Estado".

El BCRA sostuvo que en el primer acuerdo firmado con el Fondo surge la “ausencia de dictamen jurídico previo” a la firma de la Carta de Intención y los Memorándums de Política Económica y Financiera y de Entendimiento Técnico que luego se intentó subsanar con un dictamen que se limitó a analizar si el Ex Ministerio de Hacienda se encontraba facultado para suscribir y cursar las misivas al Organismo Internacional, de acuerdo al rol que le asigna el artículo V, sección I del Convenio Constitutivo de ese Organismo.

Pero más allá de la anunciada denuncia del Presidente, ya en la Justicia federal hay una causa en trámite a partir de varias denuncias entre las que figura la del actual director del Banco Nación, Claudio Lozano, con intervención del fiscal Franco Piccardi y la jueza María Eugenia Capuchetti. Una denuncia que en primer término había recaído en el juzgado de Sebastián Ramos, pero que fue luego transferida al fuero de Capuchetti, en donde el fiscal Piccardi solicitó el avance de la investigación. 

Según contó Lozano a Data Clave, la semana pasada el Banco Central le solicitó al denunciante información sobre su presentación. Esto indica, según el propio Lozano, que el Gobierno estuvo investigando respecto a estas denuncias previo al anuncio que dio hoy el presidente Fernández.

“Cuestionamos la falta de autoridad de Macri, que no tenía autorización del Congreso para avanzar en ese endeudamiento histórico tanto para el FMI como para la Argentina, sino que también denunciamos la defraudación al Estado Nacional porque el dinero que ingresó fue destinado no para obras públicas ni para mejorar las condiciones macroeconómicas del país sino directamente para la fuga de capitales”, dijo Jonathan Valdivieso, que firmó la denuncia junto a Lozano.

La denuncia de Lozano y Valdivieso se sumó a otra que habían realizado meses antes Guillermo Moreno y Pablo Challú, a mediados de 2019, contra la conducción entonces del Banco Central, a cargo de Guido Sandleris, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

“Las autoridades del BCRA en la consecución de su objetivo de pagar en dólares lo que deben pagar en pesos, han insistido y presionado al FMI para que les permita utilizar los fondos recibidos para satisfacer la demanda de flujos financieros lo que fue acordado con alguna autoridad del Fondo pero con reticencia. Pero estos fondos deben estar disponibles y así fueron aceptados para honrar los vencimientos de la deuda que ellos mismos generaron y no para financiar la salida de capitales financieros", dijeron entonces los denunciantes.

A ese expediente se agregaron luego otras denuncias de fecha posterior, por lo que la eventual presentación que realizará ahora el actual Poder Ejecutivo se sumará a la causa que ya se encuentra en trámite por tratarse de los mismos delitos y de las mismas personas denunciadas.

Al requerir que se investiguen las denuncias, el fiscal Picardi sostuvo el año último que "el endeudamiento con el FMI se habría configurado mediante la violación de diversos preceptos legales. En este sentido, según plantean los denunciantes, los funcionarios públicos a cargo de la obtención de los fondos aportados por el organismo multilateral, habrían actuado en contraposición a normas vigentes de diversa índole (constitucional, financiera, administrativa, procedimental) aplicables en general, a los actos de gobierno, y en particular, a la toma de deuda pública externa".

Al citar el informe de "Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015 – 2019", elaborado por la actual conducción del Banco Central, el fiscal sostuvo: "Es decir, parecería que lejos de lo declamado por las autoridades argentinas en las distintas cartas de intención que oportunamente enviaran al FMI, el uso de las divisas recibidas, tal como lo plasman los denunciantes, se destinó en una gran medida a la salida de capitales especulativos".

Al definir el objetivo de la investigación Picardi, escribió:

La presente investigación estará orientada a dilucidar si a partir de la suscripción del acuerdo con el FMI se habría profundizado un proceso llevado adelante por distintos funcionarios públicos que agravó notablemente una matriz de endeudamiento externo ya iniciada con anterioridad, permitiendo de este modo que perviva un proceso sostenido de formación de activos externos que, en caso contrario, hubiera sido imposible de continuar tal como se venía llevando adelante.

Así, se deberá establecer si fruto de un cúmulo de decisiones que comenzaron con la suscripción de la primer carta de intención con el mencionado organismo multilateral, y a sabiendas; se habría iniciado un nuevo ciclo de endeudamiento destinado; no a los fines declamados formalmente en los documentos suscriptos con el FMI, sino primordialmente a obtener divisas para su posterior fuga, en perjuicio de las arcas públicas.

Puntualmente, la pesquisa deberá determinar si los funcionarios públicos a cargo de la administración de recursos estatales que habrían dirigido y encabezado este proceso obtuvieron, a raíz de ello, beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros (tales como otras personas físicas y jurídicas, fondos de inversión) y/o les proveyeron de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales.

Similarmente, se intentará establecer si la hipótesis descripta se llevó adelante concertada y/u organizadamente entre ellos y/o con otros sujetos que no se desempeñaban en el Estado Nacional. Por otra parte, y como corolario de lo antedicho, se deberá comprobar si el citado endeudamiento con el FMI se habría configurado mediante el dictado y/o la ejecución de actos jurídicos en franca violación de diversos preceptos legales.

Específicamente, en este aspecto, se deberá averiguar si los funcionarios del BCRA actuaron en contraposición a los mandatos planteados en dicha Carta Orgánica, así como si Christine Lagarde y David Lipton actuaron en contraposición a las normativas del FMI en el marco de un acuerdo con funcionarios públicos argentinos, tal como el establecido en el párrafo precedente. Por otro lado, se deberá verificar si en el proceso de negociación, suscripción y ejecución del acuerdo con el FMI funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y del Banco Central de la República actuaron de modo contrario a lo estipulado en las normas de procedimiento que rigen este tipo de operaciones, entre ellas, la ley de administración financiera. Similarmente, se deberá averiguar si funcionarios del Ministerio de Hacienda actuaron dolosamente a los fines de sustraer información de la presente pesquisa.