El deterioro de un Estado y una economía desordenada
La nueva versión del Dólar Soja y el escándalo por los planes sociales es una muestra de un Estado que demanda con premura una reconversión y modernización.
Ya es oficial y a partir de diciembre viviremos una secuela del dólar Soja. En esta edición el tipo de cambio aplicado será de $230, lo que es consistente con un tipo de cambio real similar al de 2010/11. Una vez más el actual gabinete económico deja entrever cuál es el nivel de dólar que considera óptimo para el equilibrio comercial.
No obstante, esto sienta un mal precedente, ya que desincentiva al productor ‘cumplidor’, entendido como aquel que liquidó y premia al remolón; lo cual podría derivar en un futuro cercano en nuevos reclamos de diversos sectores para que se les aplique una política comercial similar. Sin perjuicio de ello, la política peca de miope, al igual que el adelanto de ganancias a las sociedades, ya que parte de los USD 3.000 millones comprometidos a liquidar se deberá tomar a cuenta de la cosecha del año que viene. Nuevamente las soluciones que se exponen sobre la mesa repiten el mismo patrón: patear la pelota para más adelante.
Mientras tanto, con esta nueva medida en conjunto con los nuevos desembolsos de préstamos del BID y el FMI, el Gobierno se muestra optimista respecto a un sobre cumplimiento de las metas de reservas en el marco del acuerdo que el país mantiene con el organismo. De todos modos, vale tener presente que para el cómputo de la meta la valuación de las reservas netas se hace a valores de marzo (y no de mercado), lo que resulta en una contabilización “ficticia” que actualmente supera en USD 1.000 millones la tenencia real de reservas netas.
Por otro lado, esta semana se hizo de público conocimiento la denuncia a la Ministra de Desarrollo Social Tolosa Paz por el escándalo referente al programa Potenciar Trabajo. Sucede que se dieron a conocer miles de casos que registraron incompatibilidades, como jubilados, monotributistas, propietarios de más de un inmueble y hasta fallecidos que se encuentran actualmente cobrando la asignación que alcanza el valor de medio salario mínimo. La reacción de la funcionaria ha sido apelar a que se levante el secreto fiscal, para justificar que el ministerio no tiene acceso a cierto tipo de información que derivó en las irregularidades mencionadas.
Una vez más, esto es la muestra de un Estado que demanda con premura una reconversión y modernización. Por ahora no hace más que operar como cajas de la burocracia que resuelven necesidades en el cortísimo plazo, pero cuya ineficiencia y falta de proyección deriva en una economía desordenada y una sociedad cansada.