Luis Augusto Olmedo es docente desde la década del 90 dentro de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. En abril de 2004, llegó a ser profesor titular de la Cátedra de Microbiología e Inmunología. Desde ahí y aprovechando su puesto, diseñó una maniobra donde le cobraba a todos sus alumnos para conseguir aprobar su materia. Si alguien se resistía, no aprobaba. El caso llegó a juicio y un fiscal federal pidió ocho años y medio de prisión más una inhabilitación de diez años para ejercer la docencia, el máximo que prevé la ley.

La situación se destapó durante la pandemia e incluso llevó a que Olmedo estuviera detenido. De acuerdo con la acusación, el profesor ideó el “sistema extorsivo” por el cual los alumnos se veían obligados a entregar dinero a otros hombres bajo la fachada de un supuesto curso de apoyo. Si no lo hacían, los estudiantes eran aplazados directamente, sin importar cuántas veces se presentaran a rendir.

La intimidación, según el fiscal Maximiliano Hairabedián y el auxiliar fiscal Maximiliano Aramayo, era ejercida a través de “aplazos sistemáticos, masivos o reiterados a quienes no pagaban la academia o filtraban información del sistema, ejercicio despótico del cargo, maltrato y aprovechamiento de la asimetría existente entre su posición de poder respecto a la vulnerabilidad de los alumnos”.

La maniobra

Desde 2000 hasta el 2016, existió una “pseudo academia” a cargo de Adrián Casalis que funcionaba bajo el nombre de “AOC (Apoyo Odontológico Córdoba”). Bajo la fachada de un supuesto centro de enseñanza, el contenido de las clases era brindado por Casalis. En el alegato, la fiscalía describió que el hombre “no era profesional médico, tenía limitado conocimiento y le brindaba a los alumnos el material que luego Olmedo tomaba en los exámenes”.

Cuando los alumnos abonaban el curso, se les entregaba un apunte con la información. ¿Cómo hacían para que no se filtrara la data? Se imprimía el material en hojas oscuras para que nadie haga fotocopias, fotocopiado, se numeraba cada hoja para identificar a qué alumno pertenecía. Incluso en algunos casos se llegó a amenazas a alumnos con la posibilidad de ser golpeados o nunca más aprobar Microbiología. Fue esta última situación la que destapó el mecanismo: un joven denunció a Olmedo porque había aplazado seis veces ¿El motivo? El denunciante le había prestado su apunte a un compañero que no podía pagar el “curso de apoyo obligatorio". 

Además de Casalis, estaba también Augusto Massimino como administrados de AOC. Para el primero, la fiscalía pidió seis años mientras que para Massimino requirió cinco años y seis meses de prisión. Además, acusaron a Mirta Spadiliero de Lutri, exdecana de la Facultad de Odontología de la UNC, por “no haber ejecutado la obligación de denunciar delitos conocidos en ejercicio de la función o promover actuaciones administrativas disciplinarias”. Básicamente, sostuvieron que la situación era de público conocimiento en la facultad, por lo que pidió un año y diez meses de prisión condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por cuatro años.

Hacia lo último, los fiscales fueron más allá y pidieron que varios testigos que declararon en el juicio sean investigados por falso testimonio. Es decir, por mentir en su presentación ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba. En esa lista incluyeron al actual decano de la Universidad Nacional de Córdoba, Guillermo De Leonardi.