Una medida del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil No. 6 a cargo de la doctora Susana Margarita Gastaldi notificada el martes pasado le ordena al periodista Santiago O'Donnell que le entregue a Mariano Macri todas la grabaciones de las entrevistas que derivaron en la escritura de su libro “HERMANO, La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familia detrás de su hermano Mauricio” en un plazo de cinco días hábiles, o pagar una fuerte multa diaria en caso de negarse.

La medida le fue notificada al periodista sin que antes se le avisara que era sujeto de una demanda iniciada en dicho juzgado a fines del año pasado. El objetivo de la medida, según escribió el requiriente al solicitarla, es “brindar certeza a la preparación de un ulterior juicio por daños y perjuicios.”

El abogado de Santiago O Donell, Damián Loreti, informó que "la jueza argumentó que Santiago debe entregar las grabaciones porque, según su criterio, en este caso no hay un problema de reserva de la fuente periodística debido a la grabación sólo registra a Mariano Macri y a él, pero el secreto periodístico no está restringido a la identidad de las fuentes, también hay un tema de alcance del secreto periodístico. Y este es el caso”.

En las grabaciones hay consideraciones del periodista no divulgadas. También menciones a terceras personas, circunstancias, opiniones y situaciones que el autor eligió no incluir en el libro. 

“Se trata de una medida claramente inconstitucional, violatoria del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la preservación de la fuente. Además viola estándares internacionales, poniendo al Estado ante una causal de responsabilidad internacional, por lo que ha sido denunciada ante la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, manifestaron las autoridades de Fopea.

Desde el organismo explicaron: “Esta insólita resolución habilita una ‘excursión de pesca’ para ver de qué manera se puede dañar, intimidar o castigar al periodista por haber revelado información sensible y de evidente interés público acerca de uno de los hombres más poderosos de Argentina. De quedar firme, se vería seriamente amenazado no solo el libre ejercicio de informar a través de un medio de comunicación, sino también el derecho de la sociedad a ser informada”.